Bolivia no enfrenta un problema agrario, es de autoridad. Más de 330 predios avasallados en el país, muchos de ellos bajo control de grupos armados, no son una falla del sistema: son la prueba de que el sistema dejó de funcionar. Santa Cruz, convertida en el epicentro del caos, muestra con crudeza lo que ocurre cuando el Estado decide tolerar lo intolerable.
¿Cómo llegamos a este extremo? Durante años el avasallamiento fue tratado como un “conflicto social” y no como el grave delito que es. Se confundió diálogo con claudicación, se privilegió el cálculo político sobre la ley y la tolerancia excesiva se transformó en una política de Estado no declarada.
El avasallamiento no es una ocupación espontánea ni una protesta campesina. Es un negocio criminal. Mafias organizadas invaden tierras productivas, expulsan por la fuerza a propietarios, destruyen maquinaria, roban ganado, toman rehenes y venden parcelas de forma ilegal. Operan con logística, financiamiento, armas y protección. No temen a la Policía ni a la Justicia porque la experiencia les enseñó que invadir es un gran negocio.
Los ataques a propietarios, periodistas y policías no son hechos nuevos ni aislados. Las Londras fue una señal temprana de lo que estaba por venir. Guarayos es la confirmación de que el problema escaló. Cada operativo frustrado, cada orden de desalojo que no se ejecuta, cada fiscal que tipifica la violencia como “despojo simple” refuerza la idea de que el Estado no está dispuesto a ejercer autoridad.
Hablar de tolerancia cero ya no es una consigna política: es una necesidad urgente de supervivencia institucional. No hacerlo implica aceptar que hay territorios donde manda la fuerza y no la ley. Implica renunciar a la seguridad jurídica, al derecho propietario y a la producción de alimentos. Implica legitimar la ley del más fuerte.
Las consecuencias de no actuar con firmeza son previsibles y peligrosas. Primero, el colapso de la inversión agropecuaria. Nadie siembra donde no hay garantías. Segundo, el encarecimiento de los alimentos y el golpe directo a los sectores más pobres. Tercero, la fragmentación territorial: zonas liberadas para mafias que no responden al Estado. Y cuarto, el escenario más grave: el surgimiento de autodefensas civiles. Cuando el Estado no protege, la gente se organiza para protegerse sola.
El Estado todavía está a tiempo, pero el margen se achica. Tolerancia cero significa aplicar la ley sin excusas, sin negociaciones y sin protegidos. Significa desalojos inmediatos, procesos penales efectivos, cárcel para los cabecillas y desmantelamiento de las redes que financian las tomas. Significa también poner fin al uso perverso de la Función Económica Social como arma contra el propietario asediado.
No se trata de criminalizar al pequeño productor ni de militarizar el campo por capricho. Se trata de recuperar el principio básico de cualquier democracia: nadie está por encima de la ley. Ni organizaciones, ni dirigentes, ni aliados políticos.
Bolivia debe decidir ahora qué país quiere ser. Uno donde la tierra se trabaja bajo la protección de la ley, o uno donde se conquista a balazos. La tolerancia excesiva nos trajo hasta este abismo. La tolerancia cero es la única salida antes del colapso.
