Quienes hoy hablan de convertir a Bolivia en una potencia minera olvidan —o prefieren olvidar— que Bolivia ya lo fue. Y no en abstracto ni como promesa de balcón, sino como realidad histórica y con centro en Potosí. Durante los siglos XVI y XVII, Potosí fue una potencia minera mundial, una ciudad fulgurante que financió imperios, articuló el comercio global y dio origen a la expresión que aún usamos para referirnos a algo invaluable: “vale un Potosí”.
Esa Bolivia minera ya existió. Y curiosamente decayó no bajo el dominio español, sino a partir de la independencia, cuando el país decidió construir un modelo de Estado que, con matices, sigue vigente hasta hoy: hipercentralista, expoliador e insensible con las regiones productoras.
En la época colonial, con todos sus claroscuros, Potosí no fue un simple enclave saqueado. Fue una ciudad con infraestructura, servicios, vida urbana, comercio, moneda fuerte y circulación de riqueza local. El Imperio extraía, pero también invertía donde se producía, porque entendía algo elemental: una región que genera riqueza debe prosperar para seguir generándola.
Eso se rompió con la República. Desde 1825, Bolivia heredó y profundizó un centralismo extremo que convirtió a las regiones en proveedoras permanentes de recursos para un poder político distante. La renta minera dejó de territorializarse. Se nacionalizó, se concentró, se redistribuyó políticamente, pero no se transformó en desarrollo local. El resultado fue devastador: Potosí siguió produciendo pero se empobreció hasta convertirse en una de las regiones más atrasadas del país.
Es un error creer que el problema de Potosí es la falta de recursos. El problema es el modelo de Estado. Un modelo que enriquece a políticos y gobernantes, financia burocracias y clientelas, pero deja a los pueblos productores en la miseria. Un modelo que no cambió en dos siglos y que, mientras siga intacto, condenará una y mil veces a Potosí —y a cualquier región— a repetir la misma historia.
No se trata sólo de reglas claras, contratos transparentes, inversión, reparto equitativo de beneficios ni de acabar con los bloqueos que espantan capitales, como lo menciona el presidente Rodrigo Paz. Todo eso es necesario. Pero no es suficiente.
Si la minería vuelve a crecer bajo el mismo esquema hipercentralista, Potosí volverá a perder, aunque los números nacionales mejoren. Porque el problema no es cuánto se extrae, sino dónde se queda la riqueza y quién decide sobre ella. Sin una transformación profunda del modelo estatal —fiscal, administrativo y político—, cualquier bonanza minera será otra ilusión pasajera.
Si Rodrigo Paz realmente quiere convertir a Potosí en una potencia —es decir, combatir la pobreza y no solo aumentar la extracción—, debe ir más allá del discurso minero. Debe atreverse a cuestionar el corazón del problema: un Estado que concentra poder y renta, que confunde soberanía con control central, y que ha demostrado ser incapaz de transformar recursos naturales en bienestar regional.
