Avasalladores en pie de guerra

Lo ocurrido en San Pedro durante un operativo de desalojo en Las Londras no puede leerse como un simple altercado circunstancial. Es la confirmación de que los avasalladores han pasado a una fase de confrontación abierta con el Estado. La emboscada a una comitiva oficial, los ataques directos a la Policía, la retención de vehículos y la agresión a periodistas revelan una estructura organizada, dispuesta a usar la violencia para defender territorios ocupados ilegalmente. Eso, en cualquier Estado de derecho, tiene un solo nombre: desafío a la autoridad y a la ley. En este contexto, el Gobierno está en la obligación constitucional de responder con firmeza, sin titubeos ni cálculos políticos. No hacerlo sería un mensaje devastador: que la violencia paga y que quien actúa al margen de la ley puede imponer su voluntad. Si el Estado falla ahora, el problema no solo se consolidará, sino que se expandirá, reproduciendo el mismo patrón de permisividad que se vivió durante el MAS: avasallamientos normalizados, impunidad garantizada y ciudadanos indefensos frente a grupos irregulares que actúan como poder de facto.