El inicio del pago del llamado Bono PEPE vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia evita desde hace años: la cultura del bono como sustituto de políticas serias de desarrollo. Presentado como un “programa extraordinario de protección y equidad”, se suma a una larga lista de transferencias directas que, aunque bien intencionadas, han demostrado ser insuficientes para resolver los problemas estructurales del país.
El bono puede aliviar temporalmente el bolsillo de algunas familias, pero no cambia su situación de fondo. No crea empleo, no mejora la productividad ni amplía oportunidades. Es un paliativo, no una solución. Y después de casi 20 años de aplicación sistemática de bonos bajo los gobiernos del MAS, el balance es claro: la pobreza no ha sido erradicada y amplios sectores de la población siguen atrapados en la precariedad.
Uno de los principales problemas de los bonos es que no atacan las causas de la pobreza, sino apenas sus síntomas. La pobreza no se origina por la ausencia de dinero entregado por el Estado, sino por la falta de condiciones para trabajar, emprender y producir. En Bolivia, millones de personas sobreviven en la informalidad no por elección, sino porque el marco legal, tributario y regulatorio les impide crecer.
Los bonos tampoco generan movilidad social. Una familia puede recibir transferencias durante años sin lograr mejorar su situación de manera permanente. El ingreso adicional se consume, como es natural, en necesidades inmediatas, pero no se transforma en capital, en inversión ni en independencia económica. Una vez que el bono se termina, la vulnerabilidad permanece intacta.
Otro efecto preocupante es la normalización del asistencialismo como política pública central. Cuando el Estado prioriza el reparto antes que las reformas, se corre el riesgo de inmovilizar a la población. No porque las personas no quieran progresar, sino porque el sistema no les ofrece caminos claros para hacerlo. La ayuda, que debería ser excepcional, se vuelve permanente; y lo excepcional termina sustituyendo al desarrollo.
Desde una perspectiva fiscal, los bonos también plantean interrogantes. Se financian con recursos públicos limitados, que podrían destinarse a políticas de mayor impacto a largo plazo. En un contexto de desaceleración económica y presión sobre las finanzas estatales, insistir en más bonos sin reformas productivas solo posterga los problemas.
La gente no pide bonos eternos. Pide trabajo estable, reglas claras y libertad para producir. Pide menos impuestos asfixiantes, menos trámites inútiles, menos controles discrecionales. Pide un Estado que facilite, no que reemplace el esfuerzo individual.
Si el objetivo real es reducir la pobreza, el camino es otro: reformas que incentiven la inversión, simplifiquen el sistema tributario, promuevan la formalización y generen empleo sostenible. Bonos focalizados pueden tener un rol transitorio en situaciones excepcionales, pero no pueden seguir siendo el eje de la política social.
Después de 20 años, la evidencia es contundente: los bonos no han sacado a Bolivia de la pobreza. Persistir en la misma receta esperando resultados distintos es un error que el país ya no puede permitirse. No se trata de eliminar la solidaridad, sino de reemplazar el asistencialismo por oportunidades reales.
