América Latina vive aferrada a una coartada histórica: siempre hay un culpable externo. El imperio, el colonialismo, Estados Unidos, el mercado, las sanciones. Esa narrativa no sólo es falsa; es profundamente paralizante. Nos ha servido durante dos siglos para no asumir una verdad incómoda: los latinoamericanos hemos sido incapaces de construir Estados que funcionen y resuelvan problemas básicos.
El desarrollo no depende de discursos soberanistas ni de gobiernos fuertes, sino de instituciones sólidas. Justicia, reglas claras, previsibilidad, límites al poder. América Latina, en cambio, ha optado por el camino inverso: Estados omnipotentes en el papel, pero inútiles en la práctica.
La región presume de caudillos, dictaduras, gobiernos centralizados, fuerzas armadas enormes y presupuestos de seguridad descomunales. Sin embargo, no logra garantizar ni seguridad, ni crecimiento, ni igualdad, ni soberanía real. ¿Para qué sirven entonces nuestros Estados?
Venezuela ofrece hoy una demostración brutal. Durante años se presentó como bastión de la soberanía latinoamericana frente a Estados Unidos. Estatizó, militarizó, expulsó empresas, politizó PDVSA y destruyó toda institucionalidad. El resultado fue el colapso productivo, la miseria masiva y el éxodo más grande de la historia regional. No fue un bloqueo lo que destruyó a Venezuela: fue la demolición deliberada de sus instituciones.
Lo verdaderamente incómodo viene ahora. Tras la captura de Nicolás Maduro y el nuevo escenario político, la intervención estadounidense —a través de inversión privada, garantías jurídicas y reformas a la Ley de Hidrocarburos— amenaza con desmontar el relato victimista. Según especialistas, Venezuela podría alcanzar su mayor producción petrolera en siete años, atraer hasta 100.000 millones de dólares en inversión y estabilizar su economía.
Esto debería encender todas las alarmas intelectuales de la región. Si la situación venezolana mejora con intervención extranjera, inversiones estadounidenses y protección jurídica externa, entonces el problema nunca fue Estados Unidos. El problema fue —y es— la incapacidad latinoamericana para gobernarse a sí misma.
La historia refuerza esta conclusión. América Latina no se volvió más próspera ni más estable tras independizarse de España. En muchos casos, ocurrió lo contrario: fragmentación, guerras civiles, caudillismo, economías extractivas y Estados fallidos. La decadencia no empezó con la intervención externa, sino con la destrucción del orden institucional.
La lección es clara y brutal: América Latina no fracasa porque otros la dominen, sino porque no sabe autogobernarse. Estados que no garantizan justicia, no protegen la propiedad, no aplican la ley y no generan confianza están condenados a ser irrelevantes o capturados. Cuando eso ocurre, otros actores —internos o externos— llenan el vacío.
Mientras sigamos culpando al exterior, seguiremos repitiendo el fracaso. El día que asumamos que el problema somos nosotros, y que sin instituciones funcionales no hay soberanía ni desarrollo, recién ahí América Latina tendrá una oportunidad real de cambiar su destino.