El reciente hallazgo de 31 maletas que burlaron los controles en el aeropuerto de Viru Viru no es un error aislado, sino la confirmación de una realidad dolorosa: durante los últimos años, Bolivia ha estado abierta de par en par al narcotráfico y todo indica que nada ha cambiado. Que un cargamento vinculado a una exdiputada permaneciera cuatro días en la Aduana sin ser fiscalizado, para luego ser trasladado al domicilio de un juez donde se hallaron armas y droga, desnuda una vulnerabilidad sistémica aterradora. Estos hechos demuestran que el país sigue siendo un terreno fértil para el crimen organizado. La mayor preocupación ciudadana es que Bolivia se ha consolidado como un narcoestado, y lo seguirá siendo mientras las instituciones encargadas de la seguridad —Aduana, Migración y la Felcn— actúen con negligencia o complicidad. Si no se toman medidas drásticas contra la estructura montada para beneficiar a los narcos desde las instancias del poder, la democracia boliviana terminará por asfixiarse bajo el peso de la cocaína y el lavado de dinero.