La Aduana Nacional informó este sábado que determinó la suspensión de los funcionarios de esa institución que cumplían funciones en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz), ello tras que estallara el caso de las 32 maletas. La entidad adelantó que se constituirá en parte querellante en la causa.
“En el marco de estas acciones, se determinó la suspensión inmediata de servidores públicos de la Aduana que desempeñaban funciones en el Aeropuerto Viru Viru. Esta medida tiene como objetivo facilitar y transparentar la investigación en curso, garantizando que no exista ningún tipo de interferencia en el proceso”, se lee en un boletín de prensa emitido por la institución.
En el caso está involucrada la exdiputada y candidata a concejal en Santa Cruz, Laura Rojas, y está relacionado con un vuelo chárter privado que salió de Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2025 y aterrizó en el aeropuerto de Viru Viru cerca de las 12:20.
Rojas se encontraba en el vuelo, acompañada de un ciudadano de doble nacionalidad. Las pesquisas apuntan al transporte de 32 maletas que inicialmente quedaron en depósitos aduaneros y luego fueron trasladadas a un galpón de una empresa de seguridad privada en Santa Cruz. Allí, las autoridades encontraron más de 79 kilos de marihuana camuflada en líquidos, chocolates y otros productos.
Al respecto, la Aduana informó que se constituirá en parte querellante de la causa y se comprometió a la entrega total de información, documentación y cooperación técnica para garantizar que los responsables “enfrenten el rigor de la ley”.
“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea. No estamos ante simples errores administrativos, sino ante conductas criminales que deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley”, afirmó Alberto Soto de la Vía, presidente de la Aduana Nacional.
“Cualquier acto de corrupción”
La institución, en un pronunciamiento, expresó su rechazo a “cualquier acto de corrupción” y exigió la aprehensión inmediata “de todo funcionario que haya participado directa o indirectamente, por acción u omisión, en los hechos investigados, sea de la Aduana Nacional o de cualquier otra institución”.
Según la entidad, los hechos constituyen delitos graves tipificados en el Código Penal boliviano, entre ellos receptación y encubrimiento, incumplimiento de deberes y delitos vinculados a la corrupción pública.
“La institución reafirma su política de Tolerancia Cero a la corrupción y continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades judiciales para transparentar la gestión aduanera y proteger los intereses del país”, se lee en la nota de prensa.
