El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en tres casos distintos.
El primero está relacionado con la compra de unpredio de 2.187 hectáreas en el departamento de Santa Cruzpor un valor de 3,3 millones de dólares. Para la adquisición, Rafael Arce y su hermana Camila, de 25 y 20 años respectivamente, accedieron a un préstamo de 9,1 millones de dólares del Banco Ganadero.
“Ya existe un primer caso que ha generado un proceso que está con imputación formal por legitimación de ganancias ilícitas a través de la adquisición de un predio en 3.3 millones de dólares”.
La segunda investigación se refiere a la compra de undepartamento tipo penthousey dos vehículos de lujo por un monto aproximado de 750 mil dólares en la ciudad de La Paz.
El tercer caso está vinculado con movimientos económicos por cerca de siete millones de bolivianos realizados en los últimos meses por Arce Mosqueira, además de la transferencia de tres bienes inmuebles en Santa Cruz durante la pasada gestión.
Este martes, elMinisterio Público informó que detectó operacionesfinancieras y patrimoniales consideradas inusuales por parte de Arce Mosqueira. Entre los principales hallazgos figura la transferencia anticipada de tres bienes inmuebles a favor de su hijo, además de retiros de dinero.
“Por supuesto que como Gobierno nosotros tenemos la competencia, tenemos la condición de sujeto procesal en todos los procesos que tengan que ver con legitimación de ganancias ilícitas, con enriquecimiento ilícito, independientemente de si se trata o no del hijo del expresidente”.
La semana pasada, García informó que el Viceministerio de Transparenciaactivará acciones para registrarlos bienes de Arce Mosqueira a favor del Estado.
“Lo que la población espera es que podamos recuperar esos bienes y estamos activando todos los procedimientos para las medidas cautelares también de carácter real. Esos bienes tienen que ser anotados a favor del Estado; esos bienes que han sido objeto o consecuencia de la corrupción, tienen que volver al patrimonio de los bolivianos”, dijo García el 15 de enero.
