Tras la abrogación del D.S. 5503 por parte del gobierno central, el cual impulsaba una nueva política económica en el país y fue frenado en las calles mediante bloqueos de caminos a nivel nacional por la desprestigiada Central Obrera Boliviana (COB), junto a otros “movimientos sociales”, este retroceso dejó, sin duda, mal parado y moralmente derrotado al gobierno nacional de Rodrigo Paz Pereira, generándole además una significativa pérdida de autoridad de aquí en adelante.
Esta derrota política y comunicacional que sufrió el nuevo gobierno central —y que no puede negarse— se explica porque, desde la promulgación del extinto D.S. 5503, existieron grandes falencias en ambas áreas. Al momento de nacer a la vida jurídica, dicho instrumento legal careció de estrategias tanto políticas como comunicacionales. ¿El gobierno actual carece de profesionales y operadores en esos campos? De acuerdo con lo vivido y observado, la respuesta es sí.
Hoy en día, una estrategia comunicacional debe contemplar obligatoriamente herramientas como los talleres de socialización, que consisten en comunicación directa, de persona a persona o cara a cara, para que esta sea efectiva, afectiva y asertiva con el público objetivo al que se pretende llegar. Una ventaja adicional es que la retroalimentación del mensaje por parte del receptor es inmediata hacia el emisor. Precisamente eso fue lo que le faltó al gobierno nacional desde su Viceministerio de Comunicación, que deambuló completamente perdido en esta etapa difícil que le tocó atravesar.
La gran ventaja de aplicar esta herramienta es que puede desarrollarse en un ambiente grupal y participativo, haciendo posible el intercambio de ideas y propuestas, y permitiendo además el recojo de información para luego mejorar o corregir, en este caso, la explicación sobre los beneficios que iba a tener el ya extinto D.S. 5503.
Lo ideal hubiera sido que estos talleres de socialización, realizados en todo el país, contaran con expositores especializados —políticos, comunicadores y abogados— que brindaran información clara sobre los alcances de la norma y sus consecuencias en la economía nacional a los representantes y asistentes, especialmente de sectores sociales, núcleos familiares, juntas vecinales, gremialistas, transportistas, maestros y obreros, entre otros, para que luego estos pudieran replicar lo aprendido entre sus allegados y bases sociales.
Las “mesas técnicas” o seminarios organizados por el propio gobierno no fueron suficientes para explicarle al país el espíritu del D.S. 5503, y la estrategia de desacreditar a sus interlocutores cobistas —recordando los inmerecidos privilegios y salarios exorbitantes de los que gozan— no funcionó. Para muchos, quedó instalada en el imaginario colectivo la imagen de un gobierno que claudica ante la protesta.
En el plano político, al gobierno del presidente Rodrigo Paz también le están faltando operadores políticos, tanto a nivel de negociación como en las calles. Esa carencia se hizo evidente en esta primera derrota. El hecho de que la alicaída COB le haya doblado el brazo en esta pulseta política —más política que técnica o jurídica— no solo dejó al descubierto la fragilidad del gabinete ministerial, sino también la del liderazgo presidencial.
Gobernar no es negociar cada decisión bajo presión violenta; gobernar es ejercer autoridad legítima, incluso cuando ello implique costos políticos inmediatos. Para ello existe también la aplicación directa de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus artículos 137 y 172, numeral 26. ¿Para qué se elige un gobierno? Para que tenga la capacidad de imponer el principio elemental de autoridad, garantizar el vivir cotidiano, el libre tránsito, preservar el orden público y tomar decisiones económicas estratégicas sin dubitaciones.
Se subordinó a la tristemente célebre COB a tal punto de aceptar incluso dónde dialogar y de enviar ministros al escenario político impuesto por dicho ente, como si el Estado tuviera que acomodarse a los caprichos e intereses de estos grupos sindicales, verdaderos parásitos societales.
Ahora, todo decreto supremo que emita el gobierno de Rodrigo Paz tendrá que ser consultado con la “revivida” COB. ¿Eso es gobernar?
Qué diferencia con su tío abuelo, Víctor Paz Estenssoro,
quien decretó el D.S. 21060 en 1985. Él no negoció ni cedió una coma del
decreto. Aplicó la ley sin miedo, asumió el costo político y salvó a Bolivia
del colapso económico y político. Entendió que, en coyunturas críticas, el
Estado no conversa bajo chantaje: ejerce autoridad plena, al punto que días
después instauró el estado de sitio.
