“Precios referenciales”

El gobierno boliviano insiste en recorrer un camino ya transitado —y fracasado— por innumerables regímenes socialistas. Bajo el rótulo amable de “precios referenciales”, se pretende vender como transparencia lo que en realidad es un control de precios disimulado, el mismo que en otros países se llamó “precios cuidados”, “precios justos” o “acuerdos solidarios”. Los precios no se corrigen por decreto ni por publicación oficial, sino por oferta, demanda y competencia real. Cuando el Estado fija un “precio de referencia”, en la práctica envía una señal coercitiva al mercado. El comerciante sabe que apartarse de ese número lo expone a sanciones, estigmatización o fiscalización selectiva. El resultado no es estabilidad, sino desabastecimiento, informalidad y mercados paralelos. El gobierno confunde deliberadamente causa y efecto. La inflación no nace en los puestos de venta, sino en la expansión monetaria, la pérdida de confianza y la escasez provocada por políticas erradas. Culpar al comerciante es políticamente cómodo, pero económicamente falso.