“El anterior año ha sido un año bastante conflictivo y sin duda esto tiene correlación con la crisis económica”, señala un informe de la Defensoría del Pueblo presentado este jueves.
En la pasada gestión, la entidad registró un total de 841 conflictos, lo que representa un incremento importante si se compara el promedio histórico de 362 conflictos por gestión en los últimos 50 años. Así queda reflejado en el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) de la Defensoría.
La vulneración de derechos laborales y económicos fueron los casos más recurrentes de los diversos tipos de protestas, seguidos del derecho político, derecho a la prestación de servicios públicos y vivienda, transporte, obras públicas y educación.
“No solo intervenimos en los conflictos, sino que también trabajamos para prevenir que las tensiones escalen, promoviendo el diálogo, la convivencia pacífica y la protección de los derechos humanos en todo el país”, destacó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya en su cuenta en la red X, antes Twitter.
Según el SIMAT, el año pasado hubo unos 180 bloqueos de carreteras, 128 marchas y 213 declaratorias de emergencia.
De los 841 conflictos, la Defensoría intervino en 540, equivalente al 64 %. A su vez en el último trimestre del año se contabilizaron 127 conflictos, 66 de ellos en La Paz, 29 en Santa Cruz y 21 en Cochabamba. En ese lapso hubo 31 bloqueos, 30 paros, 17 enfrentamientos, 14 marchas, ocho huelgas y ocho tomas de instalaciones entre otras medidas de presión.
Uno de los hechos del último trimestre que menciona la Defensoría es el bloqueo del botadero de Cotapachi (Colcapirhua), que derivó en enfrentamientos con tres muertos. La institución destaca que realizó la mediación que permitió la firma de un acuerdo entre las alcaldías de Colcapirhua y Quillacollo, que permitió la pacificación.
