La abrogación del Decreto Supremo 5503 no fue un acto de corrección política ni una medida orientada a preservar la estabilidad social. Fue, en términos estrictamente políticos, una renuncia explícita del Estado a ejercer autoridad democrática frente a actores que recurrieron a la violencia como mecanismo de presión.
Esta decisión debe analizarse no como un hecho aislado, sino como parte de un proceso más amplio de degradación del poder público y de normalización del conflicto como instrumento de negociación.
El Estado boliviano ya arrastraba una crisis de legitimidad y conducción." La abrogación del decreto no hizo sino profundizar esa fragilidad, exponiendo un gobierno incapaz de sostener decisiones frente a la coerción y dispuesto a sacrificar derechos constitucionales de la sociedad civil a cambio de una paz ficticia y efímera."
1.El decreto como excusa política y la recomposición del populismo movilizado.
El D.S. 5503 fue utilizado como pretexto funcional, no como causa real del conflicto. La violencia desatada respondió a una lógica política más profunda: la necesidad de la izquierda populista de rearticularse a través del antagonismo, recuperar centralidad y reinstalar la movilización permanente como forma de control político.
Como bien advertía Ernesto Laclau: " el populismo no se sostiene sobre programas, sino sobre conflictos. Necesita enemigos, tensiones y escenarios de confrontación para existir."
En este contexto, el decreto fue el elemento simbólico que permitió reconstruir identidades políticas dispersas y justificar una escalada que nada tuvo de espontánea.
El error del Gobierno fue monumental: creyó que eliminando el instrumento normativo desactivaría el conflicto, sin comprender que el objetivo no era el decreto, sino la revalidación de la violencia como lenguaje político legítimo.
2. La abrogación no cerró el ciclo; lo consolidó.
Violencia tolerada y derechos constitucionales vulnerados
La gestión del conflicto por parte del Ejecutivo fue deficiente hasta el límite de la irresponsabilidad institucional. La retención de ambulancias, la obstrucción del acceso a servicios de salud, las agresiones a civiles, la destrucción de bienes públicos, daño económico a productores, constituyen violaciones graves y directas de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
La pregunta: Ahora quién pagará los destrozos, los daños económicos, las agresiones, puñetes, chicotazos, amenazas de saqueos, bloqueos de ambulancias y atentados sobre la vida y salud de las personas?
"Aquí no hubo equilibrio ni prudencia. Hubo omisión deliberada.Hannah Arendt sostenía que cuando el poder abdica, la violencia ocupa su lugar. "
En Bolivia, el Estado no sólo permitió que la violencia avanzara, sino que la convirtió en un factor de negociación política. La consecuencia inmediata fue la desprotección total de la sociedad civil, convertida en rehén del conflicto.
3. Indicadores de gobernabilidad y conflictividad: un deterioro evidente
Los indicadores políticos de gobernabilidad en Bolivia muestran un deterioro sostenido:
a. debilitamiento del principio de autoridad, b. incapacidad de garantizar la libre circulación, c. colapso de la seguridad jurídica. d. pérdida de confianza ciudadana en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
Paralelamente, los indicadores de conflictividad social se han intensificado:
a. mayor frecuencia de bloqueos,
b. radicalización de discursos,
c.normalización de la violencia y captura del espacio público por actores no institucionales.
Esta combinación es letal. " Como advertía Samuel Huntington, las sociedades no colapsan por exceso de poder, sino por su ausencia. "
Bolivia se encamina peligrosamente hacia un escenario donde el conflicto sustituye a la política y la fuerza reemplaza a la norma.
4. Conclusión :
"El Estado eligió rendirse y la democracia pagará el precio."
La abrogación del D.S. 5503 no fue un error táctico; fue una decisión estratégica equivocada, con consecuencias de largo plazo.
El Gobierno no solo cedió ante la violencia, sino que institucionalizó el chantaje como forma válida de incidencia política. Al hacerlo, rompió el contrato básico entre Estado y ciudadanía: la protección de derechos a cambio de obediencia a la ley.
Los indicadores de gobernabilidad seguirán deteriorándose mientras el Ejecutivo continúe gestionando los conflictos desde el miedo y no desde la autoridad constitucional.
"La conflictividad no disminuirá; se multiplicará. Cada concesión sin consecuencias es una invitación a la próxima crisis."
"El Estado boliviano no falló por falta de herramientas legales, sino por falta de decisión política."
Eligió no gobernar cuando debía hacerlo. Y cuando un gobierno renuncia a ejercer el poder legítimo, no abre espacio al diálogo: abre la puerta a la anarquía organizada.
"La historia política demuestra que ese tipo de errores no se pagan en el corto plazo, pero siempre se cobran con intereses."
