El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno ha liberado más de 400 presos, como parte de un proceso que calificó de “excarcelación masiva” y “gesto unilateral de paz”.
Rodríguez señaló que 160 de estas liberaciones se habrían producido desde diciembre de 2024, aunque más tarde aclaró que se refería a diciembre del año pasado, señalando un aparente lapsus durante su intervención parlamentaria.
El anuncio se produce tras el reciente ataque estadounidense y la captura temporal de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores el pasado 3 de enero, hechos que, según analistas, habrían generado un intento de mostrar apertura por parte del régimen.
A pesar de la cifra oficial, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal solo han podido confirmar 54 excarcelaciones recientes, generando un fuerte contraste con los datos gubernamentales.
El diputado opositor Luis Florido cuestionó los números y pidió mayor transparencia, mientras Rodríguez defendió la gestión del Gobierno y acusó a la organización de “tratar de lucrarse con las liberaciones”, asegurando que la cifra real era mucho mayor.
Fuentes conocedoras del proceso explican que la disparidad se debe a la complejidad de los trámites judiciales, que requieren la coordinación entre jueces, fiscales y autoridades penitenciarias, lo que ha ralentizado la puesta en libertad de los detenidos.
Rodríguez ofreció mostrar a Florido la lista de liberados, aunque hasta el momento ese documento no se ha hecho público, lo que alimenta la desconfianza de la oposición y de familiares de los detenidos.
Dirigentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sostienen que el proceso anunciado “no se está llevando a cabo en los términos prometidos” y denuncian que solo 56 liberaciones han sido verificadas por organizaciones independientes.
La oposición también critica que no se haya informado a los familiares sobre las liberaciones, lo que ha llevado a que cientos permanezcan en vigilia frente a los centros de reclusión, gastando recursos propios y poniendo en riesgo su salud.
El comunicado opositor recuerda además que desde las elecciones de julio de 2024 han fallecido ocho presos políticos bajo custodia del Estado, incluyendo a Edison José Torres Fernández, de 52 años, evidenciando la gravedad de la situación.
El contraste entre los anuncios del Gobierno y la verificación independiente mantiene en vilo al país, generando expectativas y dudas sobre la verdadera magnitud de las excarcelaciones y el futuro del diálogo político en Venezuela.
