El debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invocan conceptos como “soberanía”, “no intervención” y “orden jurídico internacional” como si existieran para proteger a los gobiernos y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la anulación de la voluntad popular. No lo es.
La soberanía no es un fin en sí misma; nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado hacia su población. Cuando un régimen convierte a su propio pueblo en rehén —empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, manipula elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia en el poder—, pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que dice defender.
El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autodeterminación de los pueblos no son “valores occidentales” opcionales ni consignas ideológicas. Son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo mire hacia otro lado en nombre de una abstracción jurídica conveniente.
Venezuela no es un caso de “divergencia ideológica”; es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país. Quienes permanecen conviven con la escasez, la represión y el miedo. No existen elecciones libres, ni prensa independiente, ni un Poder Judicial autónomo. No hay canales internos efectivos para que el pueblo se libere por sus propios medios. Defender que “deben resolverlo solos” equivale, en la práctica, a defender la perpetuación del sufrimiento.
Por ello, la ayuda externa —incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes— no constituye una violación moral del derecho internacional. Es, por el contrario, la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras cerradas de forma conveniente.
La reacción de muchos venezolanos es reveladora. Mientras analistas extranjeros, cómodamente distantes, condenan cualquier intervención en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. Celebran porque ven una posibilidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el “respeto a la soberanía” fue durante años la coartada perfecta para la inacción internacional.
El paralelo histórico es inevitable. Si en la Europa de los años cuarenta las potencias hubieran decidido no liberar los campos de concentración para respetar la soberanía alemana, hoy esa omisión sería recordada como complicidad. Ningún orden jurídico serio puede exigir neutralidad frente a crímenes masivos cometidos por un Estado contra su propia población.
Invocar el derecho internacional para defender dictadores es una perversión intelectual. Es convertir un sistema creado para proteger a los seres humanos en una herramienta retórica al servicio de los opresores. No hay nada de progresista ni de humanista en ello. Solo el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia.
Otro argumento recurrente —e intelectualmente perezoso— sostiene que una intervención no sería “humanitaria” porque estaría motivada por intereses económicos o estratégicos. Aun cuando esos intereses existan, como casi siempre ocurre en la política internacional, ello no invalida la legitimidad moral del resultado cuando este responde a una demanda real y explícita de un pueblo oprimido.
El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad interna. Y esa realidad es inequívoca: la mayoría de los venezolanos identifica claramente a su agresor. Fue el propio régimen el que, al decidir preservar el poder a costa del hambre, la represión y la destrucción social, abrió la puerta a una respuesta externa.
Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, pierde toda autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En ese escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta es la continuidad de la opresión.Colocar la ideología por encima del ser humano y luego buscar en el derecho internacional frases útiles para justificar esa postura no es una defensa seria de la legalidad, sino un ejercicio de cinismo selectivo. Cuando la soberanía se invoca para justificar la miseria, el derecho deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en retórica vacía al servicio de la indiferencia.
El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— tiene derecho a destruir a su propio pueblo en paz.
*Abogado internacional, Ph.D. en Derecho, especialista en Derecho Internacional
