La injerencia progresiva que, en toda época, tuvo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial llegó a tal punto que lo convirtió en un instrumento sumiso para aplicar represalias, detenciones sorpresivas y sentencias sumarias que decretaban penas de cárcel. Los propios juzgadores reconocieron la situación y, en ocasiones, se animaron a reclamar para que termine la injerencia y la presión política.
En una suerte de transparencia fingida, el funcionario aludido por cometer un hecho punible declaraba que la sindicación obedecía a una “venganza política” y negaba rotundamente: “¡Que presenten pruebas! Su verdadero propósito es desprestigiarme y hacer daño al gobierno”. Así, por ejemplo, cuando las adjudicaciones directas para ejecutar obras públicas y suministrar bienes y servicios se realizaban en condiciones manifiestamente sospechosas ante la opinión pública, la denuncia se etiquetaba como política. Con ese argumento, y otros de poca sustancia, se desestimaba la acción de la justicia; y, por el contrario —como sucedió en varios casos—, el denunciante quedaba preso y moría en cautiverio arbitrario. La retardación procesal fue notoria, salvo que el accionante fuera oficialista o un político de fama.
Con el cambio de gobierno, la gente especula y cuestiona: si acaso fue cierto que existían jueces corruptos —hipótesis del genio maligno—, ¿dejaron de serlo porque cambió la ideología política del nuevo mandatario y de los legisladores? En los estantes de los juzgados existen miles de expedientes esperando que se impulse la acción penal; pendencias en materia civil: cobranza de dinero prestado, herencias en conflicto, el destino de millones de pesos bolivianos aguardando una decisión judicial.
Se presume que un millar de juzgadores son idóneos y honrados, pues el Consejo de la Magistratura no demuestra acciones, lo que podría entenderse como que todo está bien. En el mismo sentido, pareciera que los problemas en la aplicación de la justicia conciernen, sobre todo, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los pleitos civiles, administrativos y penales se resuelven en última instancia. Se escucharon discursos que, además de pedir más dinero y prometer reformas avanzadas, fueron un llamado a la conciencia de los jueces.
La justicia, en sentido estricto, no cambiará mientras no se modifiquen las leyes, los códigos y sus procedimientos. También parece necesario cambiar a los operadores que no interpretan ni aplican correctamente las normas. Se menciona a la Escuela de Jueces (EJE), que durante la gestión 2025 ofreció un curso sobre la “medida excepcional de aplicar la detención preventiva como medida cautelar”, y otro curso autoformativo en “ética judicial”, orientado, seguramente, a no prevaricar, sobreponerse a la presión política, vencer el temor reverencial y dominar la tentación de aceptar el dinero que ofrecen gestores expertos en estos asuntos.
Similar percepción se refiere a los fiscales, representantes de la sociedad y del Estado. Sin embargo, como no se ha dicho nada más sobre la geografía nacional de la venalidad judicial, podría entenderse, como conclusión, que los jueces, en las diferentes instancias, son competentes, honestos e independientes, interpretan bien las leyes y no son tan malos como se dijo.
