Luego de la asunción de Rodrigo Paz y el fin del régimen masista, el año 2026 será decisivo en la política boliviana. De su desenlace dependerá la estabilidad económica y política, después de dos décadas de un pernicioso populismo. O, por el contrario, nos estancaremos e ingresaremos a una nueva espiral de conflictividad y convulsión, escenario que, precisamente hoy, está propiciando Evo Morales.
Más allá de las elecciones subnacionales y sus resultados, los escenarios que se perfilan están directamente vinculados a la economía y a la consolidación de las “reformas” económicas adoptadas a fines de 2025 mediante el Decreto Supremo 5503. Esto, ciertamente, dependerá de la capacidad del gobierno para administrar las presiones sociales —sobre todo sindicales— en contra de las reformas. Se trata de la resistencia de toda la estructura de poder “prebendal-corporativa” al cambio de ciclo. La batalla será decisiva.
Salvando las distancias, el Decreto 5503, en su espíritu, tiene la esencia del Decreto 21060 de agosto de 1985. Se trata de no gastar más de lo que se tiene, de eliminar el gran déficit fiscal, raíz de todos los males. En ese sentido, la eliminación de la subvención a los combustibles es la medida más importante. No se trata de un ajuste coyuntural, sino de una corrección estructural postergada por su alto costo político. De sus efectos dependerán el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Obviamente, en el corto plazo, la eliminación de la subvención genera agudas tensiones: incremento de costos, presiones inflacionarias y malestar social. En el mediano plazo, sin embargo, el ajuste permitirá reducir el déficit fiscal, aliviar la sangría de divisas y desmontar uno de los principales focos de corrupción y contrabando de las últimas décadas. El dilema del 2026 será, entonces, político: sostener una decisión impopular pero necesaria o ceder a las presiones corporativas.
La inflación, los combustibles y los dólares seguirán siendo los ejes centrales. La inflación provocada por el retiro de la subvención, aunque contenida en términos comparativos, tendrá un impacto directo en los sectores de ingresos fijos. Los dólares y el comportamiento de su precio, a su vez, serán señales importantes de la estabilidad económica. Si el tipo de cambio en el mercado paralelo —que es el que rige en la economía— se estabiliza en el orden de los 10 bolivianos, será un éxito. El mercado de combustibles, por otra parte, exigirá una gestión eficiente para evitar desabastecimiento y especulación. Los primeros resultados ya se pueden observar. Comunicar los logros y beneficios del ajuste será de fundamental importancia. Se deben evitar improvisaciones y sostener una narrativa eficiente de responsabilidad fiscal.
No obstante, los mayores riesgos del 2026 y los factores de ingobernabilidad no provienen únicamente de la economía. El primero —y el más complejo— es Evo Morales y su red prebendal-corporativa que construyó durante su largo paso por el poder. Todavía comanda y articula una estructura sindical y clientelar que ahora tiene que sobrevivir sin el Estado. Cuando sus intereses son amenazados, como en el presente, Morales activa a la Central Obrera Boliviana (COB). Sus dirigentes, los “nuevos ricos azules” del proceso de cambio, desvirtuando su esencia, son utilizados como brazos operativos.
Bajo el pretexto de derogar el Decreto 5503, está claro que Evo Morales y su entorno quieren convulsión social. No se trata de una demanda económica genuina, sino de una estrategia política: erosionar al gobierno, recuperar centralidad y ser nuevamente candidato. Ese es su sueño. El discurso es conocido —“defensa del pueblo”, “medidas neoliberales”, “traición”—, pero el objetivo es claro: desestabilizar.
El desafío del gobierno será mantenerse firme en el espíritu de las reformas: el fin de la subvención. Ceder significará reabrir la irresponsabilidad fiscal, con efectos sistémicos en el precio del dólar y los índices de inflación. Sostener la medida implicará enfrentar las movilizaciones que estamos viviendo ahora y quizá futuros bloqueos. El 2026 será, en ese sentido, una gran prueba de la capacidad de gobernar del nuevo presidente.
El segundo factor de ingobernabilidad, paradójico e inédito, es interno y radica en la naturaleza intrínseca del vicepresidente. El denominado “tiktoker díscolo”, que se declaró opositor a los pocos días de asumir funciones, representa una anomalía política. El desafío de Paz es neutralizarlo. Mientras no lo logre, será una amenaza permanente.
Su conducta mediática-digital, confrontacional, debilita la acción del gobierno. Genera incertidumbre e ingobernabilidad. Mientras actúe como opositor, el gobierno estará obligado a destinar energías a la contención, en lugar de concentrarse en la gestión.
Así, el escenario del 2026, a nivel nacional, estará atravesado por una doble tensión: por fuera, la presión de Evo Morales y las estructuras corporativas; por dentro, los desarreglos psíquicos del vicepresidente. Ambos factores convergen en un mismo riesgo: bloquear la consolidación de la estabilidad económica.
Sostener las reformas y enfrentar los costos políticos es el desafío del gobierno. En política, como en economía, la estabilidad no se improvisa: se construye.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
