El 3 de enero de 2026 quedará grabado en los libros de historia como el día en que la justicia trascendió las fronteras para poner fin a una de las etapas más oscuras de América Latina. La captura de Nicolás Maduro no debe leerse simplemente como una operación militar extranjera, sino como el acto quirúrgico definitivo que permitió a una nación respirar libertad tras décadas de asfixia.
La intervención liderada por Estados Unidos fue el último recurso ante un régimen que había clausurado todas las vías democráticas. Tras el vergonzoso fraude de 2024 y la agudización de la crisis humanitaria, el Estado venezolano había mutado en una corporación criminal que utilizaba sus instituciones para el tráfico de drogas y la represión. Por lo tanto, la "Operación Resolución Absoluta" no fue una vulneración de la soberanía, sino una restauración de la misma, devolviéndole al pueblo el control sobre su destino al remover al elemento que usurpaba el poder.
Durante años, se especuló sobre la lealtad incondicional de los cuarteles al Palacio de Miraflores. Sin embargo, el colapso del régimen demostró que dicha lealtad estaba cimentada en el miedo y la prebenda, no en la convicción. Al momento de la extracción, la cadena de mando se disolvió con una rapidez asombrosa. Los militares, en su mayoría agotados por la misma miseria que el resto de la población, decidieron no disparar ni sacrificar sus vidas por un liderazgo que ya no tenía legitimidad ni futuro. Esta pasividad institucional fue, en realidad, un acto de patriotismo, pues permitieron que la justicia actuara sin derramar la sangre del pueblo al que juraron proteger.
En las calles, el sentimiento fue inequívoco. El pueblo venezolano recibió la noticia con un júbilo contenido. La intervención fue percibida como una misión de liberación. Para el ciudadano de a pie, que ha visto a su familia dispersarse por el mundo y a sus hijos crecer en la desnutrición, la figura de Maduro no representaba soberanía, sino una cadena. El apoyo popular a la operación valida el principio de "Responsabilidad de Proteger", demostrando que cuando un Estado se convierte en el principal victimario de sus ciudadanos, la comunidad internacional tiene el deber moral de actuar.
Ahora Maduro enfrenta la justicia en un tribunal federal de Estados Unidos, un escenario donde no podrá manipular jueces ni silenciar testigos. Este juicio no es solo contra un hombre, sino contra un modelo de gobernanza criminal que pretendía convertir a la región en un santuario para el narcoterrorismo.
La caída de Maduro marca el inicio de una reconstrucción sin precedentes. Con el desmantelamiento del Cartel de los Soles y la salida del alto mando político, Venezuela tiene la oportunidad de reinstaurar el Estado de Derecho.
La comunidad internacional debe acompañar esta transición, asegurando que el vacío de poder sea llenado por instituciones democráticas y no por nuevos caudillos. Ayer terminó la tiranía; hoy comienza la ardua pero esperanzadora tarea de devolverle a Venezuela su lugar en el mundo libre. La justicia ha llegado con una contundencia que asegura que la impunidad ya no tiene refugio en este hemisferio.
La caída de Maduro marca el inicio de una reconstrucción sin precedentes. Con el desmantelamiento del Cartel de los Soles y la salida del alto mando político, Venezuela tiene la oportunidad de reinstaurar el Estado de Derecho.
