Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) promovieron, protegieron e institucionalizaron la corrupción (al más alto nivel), y la impunidad. El nuevo gobierno tiene que luchar contra la corrupción y terminar con la impunidad de los jerarcas y poderosos que han tenido a su cargo el manejo del Estado y sus instituciones satélites. Y como el mismo Estado ha sido infiltrado, el nuevo ejecutivo debe proponer algo novedoso, efectivo y, sobre todo, debe tener la firme voluntad de luchar contra este flagelo nacional, transversal y universal. Los flamantes gobernantes deberían pedir apoyo a la Organización de las Naciones Unidas donde existe como antecedente, la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG), que colaboró al Ministerio Publico, a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado.
El trabajo de la CICIG se combinaba entre la investigación y persecución penal y el asesoramiento técnico a los organismos estatales encargados de la investigación penal. La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento, y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento y el trabajo de la CICG.
La comisión que trabajó 12 años, permitió el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, y dejó un conjunto de reformas legales, e institucionales para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El modelo del trabajo de la comisión de Guatemala debe replicarse en Bolivia, y parece imprescindible para salvar al Estado, ya que sus propias instituciones han sido infiltradas por la corrupción. En realidad, lo único institucionalizado y transversal a todas las reparticiones estatales es la corrupción, la impunidad y la sensación de que todo se encuentra en estado de descomposición.
El régimen populista ha creado una estructura que sigue (y seguirá) funcionando para protegerse y boicotear cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción. En el Estado fallido, el gobierno hacía de juez y parte, no sólo permitía y promovía la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, controlaba los medios de comunicación, restringía la libertad de expresión, y la transparencia, sino que además exprimía, vía persecución impositiva, a los ciudadanos apegados a la ley. Y como tenía angurria de poder, y vocación monopólica, centralizaba la compra de bienes y servicios para beneficiarse con las comisiones. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y ha convertido a la corrupción en un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización del Estado está al servicio de las prácticas corruptas.
La Asamblea Legislativa, convertida en un apéndice del ejecutivo, no sólo que no fiscalizaba ni controlaba al gobierno, sino que además protegía a los ex ministros corruptos, quienes eran sacados en hombros, y recibidos con guirnaldas en la Plaza Murillo después de las interpelaciones. Los anteriores tribunales supremos electorales no solo se encargaban de “legalizar” las reelecciones inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino que además eran la maquinaria perfecta para el fraude electoral.
El poder judicial ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. Fue el instrumento perfecto al servicio de la reelección de Evo Morales y cometer los peores abusos (caso Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, etc.). Sin embargo, la corrupción no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en las gobernaciones, alcaldías, universidades (la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del ex vicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (caso Cotas, en Santa Cruz).
La peor herencia que dejan los gobiernos del MAS es la desintitucionalización del Estado, y una estructura criminal que continuará todavía funcionando. Esta lucha necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, el fortalecimiento institucional del sistema judicial, separación de poderes, libertad de expresión, transparencia, funcionarios honestos, entre otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y hacer metástasis en el Estado boliviano.
