El descubrimiento de los derechos humanos marcó un punto de quiebre en mi vida durante la adolescencia en la Cuba de los años ochenta. Escucharlos clandestinamente por Radio Martí me permitió comprender que la dignidad y los derechos son inherentes al ser humano, superiores a cualquier ideología. Esa idea chocaba frontalmente con el sistema totalitario cubano, que exige obediencia absoluta y castiga el pensamiento crítico. El precio fue alto: sanciones por “diversionismo ideológico”, un expediente político y la prohibición permanente de acceder a la universidad. Así entendí que la indefensión del ciudadano en Cuba comienza desde la escuela, donde el Estado controla la educación para impedir la formación de individuos libres.
El régimen cubano se sustenta en una concepción que diluye al individuo en lo colectivo. El ideal del “Hombre Nuevo” niega el juicio personal y subordina al ciudadano al Partido Comunista. Esta arquitectura ideológica no es casual: constituye la base de una indefensión estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida nacional. Resulta paradójico que Cuba, que participó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, hoy encarne exactamente lo que ese documento advertía: la imposibilidad de ejercer derechos sin imperio de la ley.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, la represión alcanzó niveles sin precedentes. En 2025 se documentaron cientos de actos represivos en un solo mes, y organismos internacionales confirmaron que Cuba lidera el número de detenciones arbitrarias desde 2019. Esta represión no es un exceso aislado, sino la consecuencia lógica de un sistema donde no existe independencia judicial. El Estado actúa como juez, policía y verdugo, eliminando el debido proceso y normalizando la arbitrariedad.
La impunidad es un rasgo central. Informes de organizaciones civiles muestran que los agentes del Ministerio del Interior no rinden cuentas por abusos, y los tribunales militares archivan casos que involucran violencia estatal. El asesinato del joven Diubis Laurencio Tejeda durante las protestas es un ejemplo emblemático: el responsable fue absuelto y trasladado, sin consecuencias reales. A esto se suma un Código Penal que criminaliza libertades básicas y decretos que restringen la expresión en redes sociales, dejando al ciudadano legalmente indefenso frente al poder.
La indefensión también profundiza la crisis humanitaria. Tras desastres naturales, el Estado monopoliza la ayuda, bloquea a organizaciones independientes y subordina la asistencia al control político. Incluso el hambre pasa por filtros ideológicos. En el ámbito laboral, la represión se manifiesta mediante despidos y vetos profesionales por opiniones críticas o vínculos con disidentes, generando exilio u ostracismo. Sin libertad económica, el ciudadano queda sometido al chantaje del Estado, principal empleador del país.
En lo político, la indefensión es absoluta. La Constitución declara irrevocable el socialismo, el Partido Comunista es el único legal y cualquier intento opositor ha sido reprimido durante décadas. El caso de Oswaldo Payá, impulsor del Proyecto Varela, ilustra los riesgos de buscar cambios por vías cívicas. Sin elecciones competitivas ni mecanismos reales de alternancia, la indefensión se convierte en destino.
Esta indefensión estructural —legal, política, económica y social— es la raíz de todas las violaciones de derechos humanos en Cuba. Sin tribunales independientes, prensa libre, sociedad civil autónoma ni elecciones genuinas, los ciudadanos quedan expuestos a la arbitrariedad estatal. No es un defecto del sistema: es su piedra angular, exportada incluso a regímenes aliados como Venezuela.
Aun así, la voluntad de cambio persiste. Desde el 11 de julio hasta las recientes convocatorias de activistas, los cubanos han demostrado que donde hay poder, hay resistencia. Por ello resulta preocupante que algunos diagnósticos internacionales atribuyan las violaciones principalmente a sanciones externas. Las encuestas muestran que la mayoría de los cubanos identifica al gobierno como responsable de la crisis, no al embargo. No son las sanciones las que encarcelan, torturan o silencian: es el propio régimen.
La solución pasa por devolver a los cubanos lo que les fue arrebatado: derechos, protección legal, libertades y la posibilidad real de decidir su futuro. Apoyar esa aspiración no es una postura política, sino un imperativo moral universal.
