La Defensoría del Pueblo informó que, como parte del seguimiento y monitoreo permanente a la conflictividad social tras la implementación del Decreto Supremo N.º 5503, se constató un incremento de entre el 50% y el 100% en las tarifas de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental en al menos cinco regiones del país. Este trabajo tiene como finalidad prevenir vulneraciones de derechos humanos y contribuir a la preservación de la paz social mediante una presencia territorial activa y preventiva.
El monitoreo fue articulado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a través de delegaciones defensoriales departamentales y unidades regionales, con el despliegue de personal en mercados, terminales de buses, estaciones de servicio, centros de abasto y vías estratégicas.
Entre los principales hallazgos se identificó el alza significativa de tarifas en Oruro, Potosí, Tarija, La Paz y El Alto, además de una alta afluencia de personas en estaciones de servicio y expresiones de preocupación ciudadana por un posible encarecimiento de la canasta familiar.
Según una nota de prensa oficial, en la jornada del viernes se registraron anuncios de estado de emergencia por parte del sector transportista y bloqueos temporales de vías en algunos puntos, los cuales fueron monitoreados de manera directa para identificar riesgos y prevenir enfrentamientos. En regiones fronterizas como Pisiga y Villazón se evidenció también el incremento de precios en servicios de alimentación y pasajes, junto a una mayor demanda en ferias y centros de abasto, mientras que en Pando y Bermejo se observó el reajuste de tarifas de combustible y manifestaciones de inquietud social, sin registrarse protestas.
ABUSOS EN EL NORTE DE LA PAZ
Por otra parte, usuarios del servicio de transporte hacia la región de Larecaja Tropical denunciaron decisiones arbitrarias por parte de los choferes del transporte público, quienes incrementaron el costo de los pasajes en casi un 40%. El pasaje en la ruta La Paz–Caranavi, que habitualmente tenía un precio de 60 bolivianos, fue elevado hasta 90 bolivianos por persona.
Los usuarios también lamentaron la ausencia de inspectores de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en la terminal de buses Minasa, en la ciudad de La Paz, así como en localidades intermedias como Caranavi y Guanay, donde —según denunciaron— la discrecionalidad en la fijación de tarifas por parte de los choferes se ha vuelto una práctica recurrente, así como la inoperancia de las alcaldías municipales.
