La firma de un convenio entre la gobernación de Santa Cruz y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para proyectos de electrificación rural en Santa Cruz ha generado polémica esta semana. Los críticos señalan que el acuerdo implica la cesión de competencias autonómicas, extremo que niega la entidad departamental.
El Comité pro Santa Cruz expresó ya su preocupación y convocó al gobernador, Luis Fernando Camacho, a una reunión en la sede cívica para explicar los alcances del convenio.
Consideran que el acuerdo estaría vulnerando competencias autonómicas exclusivas de la gobernación. “No se trata de un detalle administrativo ni de un trámite menor. Se trata de un retroceso en la construcción de nuestra autonomía, un avance centralista que intenta servirse de condicionamientos financieros para modificar competencias que el pueblo cruceño conquistó con esfuerzo, con lucha y con voto”, señalaron los cívicos en un pronunciamiento público emitido el miércoles y leído por su presidente Stello Cochamanidis.
La asambleísta departamental Paola Aguirre, de línea crítica con Camacho, también considera que se están cediendo competencias. Recordó que un convenio con términos similares fue propuesto meses atrás por la bancada del MAS y señaló que en ese entonces no se firmó debido a que implicaba delegar competencias.
“No voy a avalar decisiones que debilitan nuestra autonomía, renuncian a nuestro modelo cruceño y fortalecen el centralismo que tanto daño nos ha hecho”, señaló Aguirre al considerar que Camacho delegó competencias y entregó al gobierno central 43 millones que le pertenecen a Santa Cruz.
Desde la Gobernación, el asesor general Efraín Suárez respondió que el proyecto de electrificación “no vulnera ni trastoca ninguna competencia autonómica” y que el convenio permitirá llevar energía a más de 2.400 familias.
Subrayó que se trata de una iniciativa destinada a ampliar la cobertura del servicio y que no implica delegación de atribuciones departamentales. La administración departamental sostuvo que la cooperación con ENDE busca acelerar inversiones y cerrar brechas en zonas que aún no cuentan con acceso al sistema eléctrico, sin modificar el marco autonómico ni afectar la institucionalidad cruceña.
