Para evitar que se repitan las interminables filas de vehículos sin carburantes, las cocinas sin GLP y el drenaje de divisas, y para que Bolivia vuelva a ser un gran exportador de gas, es imprescindible elaborar, a la brevedad posible, una Nueva Ley de Hidrocarburos Interpretativa (NLHI). Será interpretativa hasta que se modifique la CPE vigente y deberá eliminar el monopolio y la exclusividad de YPFB en toda la cadena, ya que la empresa no ha logrado garantizar la soberanía energética que la Constitución exige. Ha fracasado estrepitosamente. Bolivia está in extremis mortis, argumento con el cual la ALP justificará, en los Antecedentes de la NLHI, la apertura a inversionistas nacionales y extranjeros para la prospección, exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos —gas en sus distintos formatos y líquidos—, incluido el transporte (upstream y downstream). Estos podrán asociarse libremente y competir en un mercado abierto, vendiendo al consumidor final mediante acuerdos con estaciones de servicio expendedoras. Así, el riesgo de éxito en la prospección correrá por cuenta de cada inversionista.
YPFB, al amparo del artículo 362 de la CPE, podrá suscribir contratos con estas empresas a cambio de una retribución bruta del 3% por sus servicios, denominada Aporte Contractual, monto que será deducido del IUE de los inversionistas. De esta manera, YPFB se constituirá en un participante público adicional a los privados, conservando sus actividades en el upstream o downstream según lo establecido por la antigua Ley de Hidrocarburos. Los Contratos de Operación, Prestación de Servicios y otras modalidades suscritos con anterioridad continuarán hasta su conclusión o el agotamiento de sus reservas, según corresponda.
A partir de la NLHI, y conforme al artículo 360 de la CPE, el Estado definirá una nueva Política de Hidrocarburos para garantizar la soberanía energética. Las regalías máximas imponibles serán del 11%, distribuidas entre las regiones productoras, con un 1% adicional para Beni y Pando (Regalía Nacional Compensatoria), como ha sido históricamente. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) tendrá una tasa máxima del 10% para toda producción nueva realizada bajo la NLHI, es decir, sobre reservas que no hayan sido previamente prospectadas. La participación del TGN se reducirá del 6% al 2%. Asimismo, los nuevos contratos establecerán que el Aporte Contractual del 3% a favor de YPFB se destinará a un Fondo de Fortalecimiento de la estatal. La NLHI deberá incluir una prohibición expresa de futuras modificaciones, asegurando una seguridad jurídica inviolable.
Se crearán concesiones y pagos de patentes —cubiertos directamente por los inversionistas— en el upstream, otorgadas por una nueva Superintendencia de Hidrocarburos, independiente y elegida por dos tercios de la ALP. Las empresas beneficiadas tendrán exclusividad sobre su concesión durante tres años, plazo tras el cual la perderán si no demuestran actividad.
Se contempla una reducción del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25% al 15% para los pozos nuevos incluidos en la NLHI; los anteriores mantendrán sus obligaciones previas, lo que permitirá un sistema contable diferenciado. El IVA se reducirá del 13% al 5% para abaratar el precio final al consumidor. El Impuesto a las Transacciones (IT) pasará del 3% al 0%. En cuanto al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), sus tasas se reducirán en un 50% para todos los productos terminados (gasolinas, fuel oil, GNC, jet fuel, kerosene, diésel, aceites y grasas), con el fin de abaratar los precios al consumidor.
El objetivo final de la NLHI es generar condiciones e incentivos para atraer inversión privada petrolera —incluida Petrobras, entre otras empresas interesadas—, creando empleos, ingresos fiscales y beneficios adicionales. De lo contrario, debido al agotamiento de reservas, Bolivia deberá importar todos sus hidrocarburos, agravando la escasez de divisas y la dependencia hidrocarburífera, lo que podría afectar incluso a la generación termoeléctrica del país. Ya sabemos que el peor carburante es el que no hay.
Se priorizará la producción o importación de petróleo crudo para abastecer al 100% la capacidad de refinación pública y privada del país. Para ello se eliminarán aranceles, trámites y se concederá una reducción adicional del 30% en todos los impuestos mencionados (upstream y downstream) si el crudo es de producción nacional (excepto regalías). La refinación de crudo permite obtener derivados importantes (grasas, lubricantes, entre otros), que también tendrán una reducción del 30% en los impuestos ya rebajados por la NLHI en un 50% respecto a la antigua ley. En el plazo más breve, el artículo 359.I y otros de la CPE deberán ser eliminados por ser nocivos y perjudiciales para el país.
*Babson ’82, ex catedrático universitario
