La detención del ex presidente Luis Alberto Arce abre las puertas al esclarecimiento de uno de los mayores escándalos de corrupción que Bolivia haya conocido. Representa la caída de la cabeza de la estafa monumental que ocurrió en el Fondo Indígena (Fondioc) y que gracias al encubrimiento de Evo Morales en su momento y de su sucesor, se ha mantenido en la impunidad durante más de una década.
Durante todo este tiempo, hubo muchos acusados y sospechosos y jamás se admitió que el verdadero padrino del saqueo fue Luis Arce. Como ministro de Economía, como presidente del directorio del Fondioc, él era quien firmaba los cheques, quien tenía la obligación de controlar el destino de los fondos, quien estaba llamado a garantizar que los recursos de los pueblos indígenas cumplieran su verdadero objetivo.
Bajo su mando, el Fondo Indígena funcionó como una maquinaria de clientelismo y saqueo sistemático, disfrazada de política de desarrollo social. Más de 153 proyectos jamás concluidos, millones de bolivianos desviados a cuentas personales, organizaciones “oficialistas” enriquecidas mientras las comunidades indígenas permanecían al margen: ese es el saldo tangible de un sistema diseñado para favorecer a un círculo de complicidad que tuvo a Arce como padrino, como cajero y garante, como encargado de fiscalizar y autorizar cada desembolso.
El modus operandi quedó claro: las resoluciones ministeriales, firmadas bajo su mandato, legitimaban el uso discrecional de recursos públicos, mientras dirigentes y ex funcionarios canalizaban el dinero hacia cuentas particulares. Cada pago irregular, cada obra inconclusa, llevaba la rúbrica de Arce. Él no era un testigo silencioso; era la cabeza que aseguraba la impunidad de la red. Su papel no se limitaba a observar; estaba llamado a evitar el desastre y, en cambio, lo consolidó.
El Fondo Indígena, concebido como instrumento para cerrar una deuda histórica con los pueblos originarios, se transformó en un sistema de subordinación política y económica. Los recursos destinados a riego, puentes, infraestructura productiva, terminaron siendo instrumentos de fidelización del Movimiento al Socialismo, mientras las comunidades que deberían beneficiarse veían pasar los años sin resultados concretos.
La aprehensión del expresidente no sorprende a quienes conocieron el entramado. No es persecución política; es justicia pendiente. La historia ya había señalado que Marco Antonio Aramayo fue encarcelado injustamente por denunciar irregularidades; hoy, con Arce tras las rejas, se cierra un círculo que permite, por fin, mirar al Fondo Indígena con perspectiva de rendición de cuentas.
Luis Arce, representa el punto más alto de esta estafa, el último eslabón de una cadena que usurpó la confianza de los bolivianos. Si la justicia cumple con su cometido, este caso será recordado como el momento en que Bolivia decidió enfrentar a quienes, desde la cúspide, confiaban en la impunidad.
La captura de Arce es un recordatorio de que la corrupción tiene cabeza, tiene rostro, y, finalmente, tiene consecuencias. El Fondo Indígena puede ser más que un símbolo de saqueo: con la justicia en marcha, puede convertirse en una advertencia clara para los que pretendan repetir la historia.
