Bajo este mismo epígrafe, hace 16 años escribimos una nota sobre los acontecimientos ocurridos en el aeropuerto de Tegucigalpa, al frustrarse un indebido intento de aterrizaje de una aeronave que portaba al depuesto expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, en abierta complicidad con algunos presidentes de la región y burócratas internacionales financiados por el castrochavismo, bajo la égida del Foro de Sao Paulo, y manifestando su aviesa intención de retomar el poder e incorporar a su país al eje La Habana-Caracas.
El dislate de este exmandatario, esposo de la actual presidenta hondureña Xiomara Castro, se hizo patente el año 2007 al incorporar a su país a Petrocaribe, en un acto celebrado en Cuba y un año después en Tegucigalpa, cuando hizo su ingreso al ALBA, en medio de una frenética jornada de algarabía presenciada por Hugo Chávez Frías, Daniel Ortega, Evo Morales y el vicepresidente golpista, el cubano Carlos Lage, aún no depurado por la furia de los hermanos Castro.
A esa trama, inconfundiblemente antidemocrática y golpista, se sumó la “inocente consulta” que pretendió realizar Zelaya, con el apoyo de los movimientos sociales, tendente a una reforma de la constitución, que con idéntica fórmula aplicada en Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo perennice en el poder. Dicho libreto “jurídico” fue tutelado por los agentes españoles Rubén Martínez y Roberto Viciano, como fue revelado por el “El País de Madrid”, hace 16 años de corruptela comunistoide.
Ahora bien, retomemos el curso del fenómeno hondureño, que todavía se debate bajo el régimen del socialismo vende humo, cuya muestra más palpable se hizo evidente en las elecciones de hace diez días, cuyos resultados aún no se conocen, debido a los famosos cortes de energía, muy similares a los ocurridos en Bolivia, los cuales evidentemente tratan de evitar la inminente victoria del candidato derechista Nasry Asfura, abiertamente patrocinado por Donald Trump.
Sin embargo, al margen de las consideraciones netamente electorales, uno de los casos que concita el mayor debate político en Honduras es la famosa base militar de “Palmerola”, también llamada Base aérea Soto Cano, uno de los puntos estratégicos más importantes en Centroamérica, donde desde los años 1980, Estados Unidos mantiene una presencia militar permanente, en el contexto de la Guerra Fría y los líos en Centroamérica. Esta base se conformó para operaciones de apoyo logístico, entrenamiento con fuerzas hondureñas y de otros países, y para las operaciones militares y antinarcóticos en la región.
A la luz de lo expuesto, se sobreentiende la gigantesca reacción norteamericana frente a las aviesas pretensiones de los cipayos gobernantes que, subyugados por el castrochavismo, trataron de retomar el control total de la señalada base, como veladamente se hizo a partir de finales de 2021, al habilitar una sección de ella, con el fin de operar un aeropuerto para vuelos comerciales que lleve el nombre de “Aeropuerto Internacional de Palmerola”, reemplazando insulsamente al principal aeropuerto internacional Toncontín en Tegucigalpa. Trámite que nos evoca a los bolivianos la famosa creación del Aeropuerto de Chimoré, también internacional, de proporciones casi mayores que el del Alto de La Paz, pero usado únicamente para beneficio de la pujante industria agroquímica.
Semejantes emprendimientos sólo pueden explicarse en regímenes de corte meramente discrecional y donde, en lugar de mostrarnos las bondades y cúspides del sistema, solo nos sitúan en las honduras de la democracia.
