La reciente recomendación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para que Bolivia avance hacia una ley de medios —bajo el argumento de mejorar la integridad electoral, combatir la “guerra sucia” digital y promover el pluralismo— debería encender todas las alarmas. Hay sugerencias bien intencionadas que pueden convertirse en la antesala de un desastre democrático.
Durante casi dos décadas, el MAS intentó sin éxito imponer un andamiaje legal que controlara a la prensa, acallara voces críticas y estabilizara su hegemonía política. Lo intentó con su artillería completa: leyes, reglamentos, presiones, asfixia económica y campañas de estigmatización. No pudieron porque existe una barrera histórica y jurídica que ha resistido autoritarismos de todo signo: la Ley de Imprenta, una norma tildada de “obsoleta”, pero que en realidad es una de las más modernas en la región por la manera en que protege derechos fundamentales. Ampara al periodista, al ciudadano y al disidente. Es un escudo contra el poder, no un arma del poder.
Por eso preocupa que, apenas la UE mencionó la necesidad de una normativa para los medios públicos y el ámbito digital, periodistas asociados hayan salido a respaldar, casi sin reflexión, la idea de una futura “ley de medios”. ¿Desde cuándo la prensa boliviana, que sobrevivió a intentos sistemáticos de sometimiento, abre la puerta tan fácilmente a una regulación que históricamente ha sido el anhelo de quienes quieren limitarla?
El contexto europeo tampoco ayuda a confiar en las buenas intenciones. Europa vive un proceso creciente de hiperregulación que empieza a asfixiar libertades que antes parecían innegociables. La reciente sanción contra la red social X es un ejemplo revelador: los europeos están dispuestos a castigar plataformas que no se alinean a su esquema burocrático y a su concepto cada vez más paternalista de la libertad. ¿Debemos nosotros importar ese modelo?
Abrir la ventana a una ley de medios, por más técnica o acotada que parezca al inicio, es permitir que mañana cualquier gobierno —este o uno futuro— la convierta en un instrumento para sepultar la libertad de expresión. Ya conocemos ese libreto. La región también. Las leyes de medios nacen con discursos nobles y terminan como herramientas de control político.
Bolivia está apenas saliendo de un periodo político tóxico. Es cierto que soplan nuevos vientos, que el país respira un aire democrático renovado. Pero todavía es temprano para cantar victoria. La clase política emergente no ha demostrado aún madurez suficiente como para manejar con responsabilidad un tema tan delicado como la regulación mediática.
Si realmente queremos fortalecer la libertad de expresión —y de paso mejorar el ecosistema informativo— hay una reforma urgente y prioritaria: una Ley de Acceso a la Información Pública. Eso sí sería un avance. Eso sí sería una señal de voluntad democrática real.
La prensa ha sido clave en la recuperación de la democracia. No tiene sentido permitir ahora que, bajo el ropaje de una propuesta técnica de la UE, se introduzca un riesgo que podría entorpecer su labor. La libertad de expresión es demasiado frágil para jugar con ella en nombre de buenas intenciones.
