El 12 de diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas y Guatemala, acordaron conformar una Comisión especial para combatir la impunidad y la corrupción. El acuerdo internacional, sin precedentes en la historia latinoamericana, permitió apoyar al Estado en la investigación de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, y la sistemática corrupción pública. Este trabajo logró fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a la delincuencia de “cuello blanco y corbata”. Una de estas investigaciones permitió la detención y condena del ex presidente Álvaro Colón y varios de sus colaboradores por hechos de corrupción.
La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento, y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento y el trabajo de lo que se conocía como la CICG. En los doce años de trabajo conjunto, permitió no sólo el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, sino también hacer un conjunto de reformas legales, e institucionales para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El modelo de trabajo excepcional que se ejecutó en Guatemala debe replicarse en Bolivia, ante la incapacidad del Estado y el nivel de propagación del virus de la corrupción e impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible para salvar al Estado, ya que sus propias instituciones han sido infiltradas por la corrupción. En realidad, lo único institucionalizado y transversal a todas las reparticiones estatales es la corrupción, la impunidad y la sensación de que todo fue dejado en estado de descomposición (una verdadera cloaca).
Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) no solo permitían y promovían la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, sino que además exprimía, vía persecución impositiva, a aquellos ciudadanos honestos que trabajaban apegados a la ley. Evo Morales tenía angurria de poder, vocación monopólica y centralizaba la compra de bienes y servicios y sabía que mientras más negocios públicos, más posibilidades de beneficiarse con las comisiones. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y convertía a la corrupción en un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización del Estado estaba (directa o indirectamente) al servicio de las prácticas corruptas.
El poder judicial no solo ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. Fue el instrumento perfecto del gobierno de Evo Morales para diseñar y ejecutar sus reelecciones y cometer los peores abusos (caso Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, etc.). Sin embargo, la corrupción heredada no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en las gobernaciones, alcaldías, universidades (la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del ex vicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (caso Cotas, en Santa Cruz). El funcionamiento de las instituciones satélites constituye un reflejo del Estado, de modo que no pueden funcionar bien cuando el Estado ha funcionado mal.
La situación es preocupante porque la controlaría, la procuraduría, la fiscalía y el propio poder judicial pareciera que han sido sobrepasadas ante la infinidad de casos que van apareciendo todos los días. Nadie duda de que el flamante gobierno de Rodrigo Paz está haciendo todos los esfuerzos para “ordenar la casa”, pero parece que con las viejas instituciones (o lo que quedan de ellas) todo se pone cuesta arriba. No se puede ejecutar un verdadero cambio con los mismos jugadores y, en algunos casos, entrenadores del pasado.
La peor herencia del masismo es la estructura criminal que continúa (y continuará) funcionando “caiga quien caiga”. La inversión de valores, el culto al dinero fácil, la ley del menor esfuerzo, en fin… La lucha contra la corrupción y la impunidad necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, el fortalecimiento institucional del sistema judicial, separación de poderes, libertad de expresión, transparencia, funcionarios honestos, entre otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y hacer metástasis en el Estado boliviano.
*Jurista y autor de varios libros.
