Continuando con las sugerencias, se propone modificar la Ley Laboral y el Código Tributario para permitir que los millones de ciudadanos bolivianos informales, desplazados de un empleo formal, puedan desarrollar sus habilidades emprendedoras según consideren conveniente. Esto incluye a vendedores por cuenta propia, gremiales, desempleados temporales e informales, quienes, irónicamente, se contabilizan como personas ocupadas en los informes periódicos de empleo del INE.
El Emprendedor Ciudadano (EC) recibirá capacitación gratuita, financiada por el Estado, en universidades públicas y privadas, institutos y otras entidades acreditadas. La formación se ajustará a la vocación productiva regional o nacional e incluirá: matemáticas básicas, lectura, costos, definición de precios de venta, análisis de utilidades y pérdidas, estudio de mercados, evaluación de riesgos y escenarios económicos, y otras habilidades necesarias para asumir riesgos de emprendimiento. En el caso del rubro alimenticio, se incorporarán módulos específicos según SEDES y SENASAG.
Los EC con certificado de capacitación gozarán de ventajas como financiamiento preferencial de microempresas, simplificación de trámites, beneficios tributarios y acceso a financiamiento internacional. Se implementará un registro individual, personal y digital, denominado UNICO, que incluirá carnet de identidad y domicilio ante el SIN, Aduana Nacional, Ministerio de Trabajo y otras entidades públicas. Esto permitirá desempeñar actividades comerciales o industriales, incluyendo licencia de funcionamiento municipal gratuita durante los primeros cinco años. En alimentos, será suficiente un registro simple departamental de salud y SENASAG.
Los EC podrán contratar hasta 15 personas durante cinco años con ventajas laborales: el personal deberá estar registrado en el Sistema Único de Salud (SUS) y será informado de la condición de EC, quedando exento de aportes obligatorios a otros sistemas de salud. Los pagos podrán acordarse por hora, día, semana o mes, mediante contratos simplificados proporcionados por el Ministerio de Trabajo. Estos contratos permitirán despidos con aviso de 15 días, garantizando flexibilidad según la situación económica y financiera del emprendimiento.
Los EC estarán exentos de aportar a la jubilación del personal durante los primeros dos años. No se permitirá la creación de sindicatos en este sistema hasta cumplidos cinco años o al superar las 20 personas contratadas. Finalizado este periodo, los emprendimientos se reconvertirán de informales a empresas formales, sujetas al régimen general de contribuyentes y a la Ley del Trabajo.
El Ministerio de Trabajo llevará un registro público y digital de contravenciones, mostrando el cumplimiento de pagos salariales tanto de EC como de empleados. Los trabajadores estarán exentos del pago de impuestos sobre salarios y los contratos simplificados podrán servir para acceder a bienes a crédito, con descuento directo del sueldo al acreedor.
En la producción de alimentos o artículos de consumo humano, se cumplirán estrictamente normas de higiene y uso correcto de insumos. Los EC podrán afiliarse libremente al gremio empresarial que los represente. Se implementará un perdonazo laboral universal para eliminar sanciones administrativas o judiciales, salvo demandas previas entre partes privadas. La contratación de personal podrá extenderse a empresas vigentes, sin restricciones de tamaño, bajo modalidades flexibles.
Se establecerá un ámbito de conciliación y arbitraje laboral independiente del Ministerio de Trabajo, obligatorio antes de iniciar cualquier demanda judicial.
Se diferencia al Emprendedor Ciudadano (EC) como aquel que asume riesgos individuales, de la Capacitación Laboral (CL), que busca brindar subsidios y habilidades cognitivas para acceder a empleos en diversas modalidades.
*Babson ’82, ex catedrático universitario
