La economía boliviana entró en una fase en la que el tiempo se ha convertido en un recurso muy escaso. Las decisiones postergadas —especialmente en materia de subsidios y tipo de cambio— comienzan a acumular presión, contexto en que urge hablar del ritmo con el que está actuando y plantear caminos que permitan enfrentar las urgencias sin desestabilizar al país.
Rodrigo Paz encara un desafío complejo: administrar un ajuste inevitable sin romper el delicado equilibrio social de un país donde la conflictividad siempre está latente. La tentación de esperar a que “llegue un mejor momento” existe, pero Bolivia rara vez ofrece momentos ideales para reformas profundas.
Esto es clave para admitir que el margen de acción se reduce cada día y se deben plantear alternativas que permitan marcar un ritmo con mayor claridad y previsión. Las medidas adoptadas hasta ahora —ajustes tributarios, acuerdos sectoriales y una gestión más ordenada del abastecimiento— han sido pasos en la dirección correcta, pero insuficientes ante la magnitud del desafío.
La pregunta no es si habrá que revisar el subsidio a los combustibles y sincerar la política cambiaria, sino cómo hacerlo sin que el costo social supere la capacidad del Estado de administrar la reacción. Ahí es donde el Gobierno puede imprimir un ritmo más inteligente: gradual, participativo y orientado a resultados.
Una primera alternativa es avanzar hacia un ajuste escalonado, con incrementos progresivos y anunciados con anticipación. La incertidumbre es siempre más corrosiva que una decisión clara; por eso, un cronograma público puede reducir el impacto psicológico y permitir que hogares y empresas planifiquen.
Una segunda opción es aplicar subsidios focalizados, que protejan temporalmente a sectores vulnerables mientras se desmonta el subsidio general. El Estado boliviano tiene información suficiente para identificar beneficiarios reales.
Una tercera propuesta es acompañar el ajuste con un paquete de productividad: acceso a crédito, reducción de trámites, incentivos a la formalización y mejoras logísticas que reduzcan costos internos. Ajustar sin ofrecer una vía de crecimiento sería una receta para el desgaste político. Ajustar con un horizonte de desarrollo cambia la narrativa: ya no es solo sacrificio, sino transformación.
Además, el Gobierno podría fortalecer su estrategia de comunicación: explicar por qué las medidas son necesarias, qué riesgos se evitan y qué beneficios concretos pueden esperar los ciudadanos si se ejecutan correctamente. El silencio institucional, en momentos de tensión, solo alimenta rumores y profundiza la desconfianza.
Rodrigo Paz tiene todavía un capital político que podría usar de manera más decidida. No se trata de acelerar de golpe, sino de establecer un ritmo coherente: un compás de decisiones claras, diálogo social genuino y planificación de mediano plazo. El país no necesita un gobierno temeroso ni uno temerariamente audaz, sino uno que actúe con convicción y sensatez.
Si Bolivia aprende a alinear su realidad económica con su capacidad política, el ajuste dejará de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de reconstrucción. El desafío no es menor, pero es posible: todo depende de que el gobierno encuentre —y mantenga— el ritmo adecuado.
