Ante la proximidad de elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este proceso será la primera prueba de fuego para las y los legisladores electos por voto popular en las elecciones del 17 de agosto. Ahí se verá la verdadera madurez política y democrática de los representantes del PDC, Libre, Unidad y Súmate, fuerzas que hoy superan los dos tercios necesarios para impulsar cambios decisivos mediante leyes.
Lo que sí está claro para la población es que no quiere “árbitros bomberos” con trasfondo político en la próxima gestión del TSE. La mayoría de los actuales vocales concluye su mandato el 19 de diciembre, y muchos de ellos, designados en gestiones con mayoría masista, cargaron inevitablemente el tinte azul del MAS.
Es indiscutible, sin embargo, el gran trabajo que realizaron en las recientes elecciones —en primera y segunda vuelta—, labor que merece un reconocimiento alto. Su desempeño permitió lavar la deteriorada imagen institucional previa. Todo apuntaba a que no actuarían con imparcialidad, pero los hechos demostraron lo contrario.
También es momento de modificar la designación directa que realiza el presidente del país sobre un vocal nacional y nueve departamentales. Esa atribución puede interpretarse como una intromisión del Órgano Ejecutivo en el Electoral, contradicción evidente con la independencia de poderes que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
En otras palabras, esa figura constitucional funciona como una suerte de “espía” del presidente dentro de la sala plena del TSE. Debe ser eliminada, porque ya no se ajusta al nuevo escenario político abierto desde agosto. Era una herramienta funcional para los gobiernos masistas.
En ese sentido, el actual vocal nacional Gustavo Ávila, al igual que los nueve vocales departamentales designados por Luis Arce Catacora, deberían presentar su renuncia el 19 de diciembre junto con quienes concluyen su mandato de seis años. Con un nuevo presidente en funciones, y mientras no se reforme la CPE, Rodrigo Paz tiene la potestad constitucional de designar a su propio representante en el Órgano Electoral.
Además, por ética, tanto Ávila como los vocales departamentales designados de manera presidencial deberían dejar sus cargos. Ávila fue uno de los mejores profesionales técnicos del TSE y dio credibilidad al proceso electoral. Si renuncia, sin duda saldrá por la puerta grande. También destaca el trabajo del presidente interino Óscar Hassenteufel y del vocal Francisco Vargas. El resto pasó sin pena ni gloria. Uno de ellos —Tahuichi Tahuichi Quispe— solo se dedicó a hacer ruido y actuar como “árbitro bombero”.
Por tanto, es hora de retirar del ordenamiento constitucional esta figura que daña la democracia. La independencia de poderes debe ser absoluta, sin intromisiones entre órganos. No debe confundirse coordinación con control político mediante designaciones a dedo.
El presidente Rodrigo Paz, así como decidió cerrar el Ministerio de Justicia para eliminar la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial, también debería renunciar a la designación de representantes en el Órgano Electoral. Solo con hechos —y no con discursos— se envían señales reales de cambio a la estructura política de esta Bolivia posible que nos espera desde 1825.
