Desde 2019, en Bolivia, se instaló una intensa pugna entre dos relatos. Por un lado, quienes sostienen que la crisis y posterior renuncia de Morales fue un golpe de Estado. Por el otro, quienes defienden la tesis de que, en las elecciones de octubre de 2019, en el conteo de votos, hubo un escandaloso fraude cuyo rechazo derivó luego en 21 días de bloqueos y conflictos, con el desenlace ya conocido.
En esta pugna se pueden identificar tres momentos. El primero, durante el periodo transitorio de Jeanine Añez. El segundo, el más intenso, durante los cinco años del gobierno de Luis Arce. Y el tercero, con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
En el gobierno de Jeanine Añez se intentó posesionar la idea del fraude que dio inicio a la movilización y protesta. El relato y el discurso del fraude electoral estaban respaldados con informes técnicos, estudios estadísticos y análisis comparados. En ese sentido, el documento más importante fue el Informe de la OEA, que identifica interrupción del TREP, alteración de actas, manipulación dolosa y vulneración de sistemas informáticos.
Convergen con este informe las afirmaciones del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, quien sostuvo que el proceso electoral de 2019 estuvo “severamente comprometido” por un control político que impedía transparencia y autonomía institucional.
En conjunto, todos estos análisis construyeron un relato alternativo: la crisis de 2019 no fue el resultado de un golpe, sino la consecuencia del fraude que detonó el colapso.
De cualquier forma, fue muy corto ese periodo para lograr posesionar la narrativa, aunque se elaboraron algunos documentales y se publicaron varios libros y reseñas sobre los 21 días que significó el conflicto.
Sin embargo, luego, la balanza se inclinó a favor de la narrativa del golpe de Estado. El Movimiento al Socialismo (MAS), al recuperar el poder con la asunción de Luis Arce, se empeñó en posesionar la idea del golpe como única verdad. Desde el Estado, los “vencedores” escribieron la “historia oficial”, atribuyendo las masacres de Senkata y Sacaba a los “golpistas”.
Con recursos del Estado, los “intelectuales orgánicos” del proceso de cambio publicaron también varios libros e “investigaciones” que daban cuenta y reforzaban la idea del golpe. Sin escrúpulos, defendieron y alentaron dogmáticamente esa versión.
En el inicio de la pugna entre estos dos relatos es detenida Jeanine Añez, la “presidenta golpista”. También son recluidos Marco Antonio Pumari y, luego, Luis Fernando Camacho, ambos como “cabecillas e instigadores” del golpe. Asimismo, con el pretexto de la comisión de otros delitos, varios líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fueron aprehendidos y procesados en la vía judicial.
Todas estas aprehensiones necesitaban un adecuado contexto, donde el relato del golpe ya esté posesionado en el imaginario popular. Ambas cosas tenían que ir a la par, ninguna por separado. Con todo el poder del Estado podían “armar” juicios y sentenciar. Empero, para ello requerían de una narrativa eficaz.
Como sostiene Rafael Rojas, “las narrativas políticas no solo explican el pasado, sino que pretenden imponer un futuro posible”. De ahí que la lucha por el relato es también una lucha por el poder. Su disputa no es solo semántica: define legitimidades, responsabilidades y memorias colectivas.
En ese sentido, la narrativa del golpe, como hemos visto, permitió justificar la persecución judicial no solo en contra de Jeanine Añez y sus ministros, sino también en contra de los altos mandos militares, instalando la idea de que el gobierno de transición fue totalmente ilegítimo en su origen y en su ejercicio.
Durante el último ciclo gubernamental del MAS (2020–2025), el relato del golpe fue magnificado, judicialmente autorizado y políticamente consolidado. Se buscó imponer una lectura única, destinada a cerrar la discusión y a consolidar una verdad oficial.
Sin embargo, la última elección cambió el escenario. Con el fin del predominio masista y la llegada de un nuevo gobierno, el equilibrio narrativo vuelve a moverse. La liberación de Jeanine Añez, más que un hecho jurídico, marca el inicio de una disputa simbólica renovada. El relato del fraude —silenciado institucionalmente durante cinco años— comienza a recuperar centralidad y legitimidad política.
El nuevo gobierno, así como las fuerzas opositoras al MAS, tenderán a consolidar la interpretación según la cual el cambio de gobierno de 2019 fue consecuencia de un fraude y no de un golpe. En este contexto, la pugna por el relato se convierte en un terreno decisivo para reconfigurar el mapa político y redefinir responsabilidades.
A cinco años de la crisis, en este nuevo escenario, la verdad material e histórica de los hechos debe prevalecer sobre las narrativas interesadas.
Por ahí se vuelca la historia y acaban en la cárcel Evo Morales, García Linera, Juan Ramón de la Quintana y demás secuaces que, a costa de baños de sangre y muertos, pretendían retornar al palacio con su estrategia de “vacío de poder”, implementada con la renuncia de todas las autoridades en la cadena de sucesión.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
