El Gobierno ha anunciado que recién en marzo presentará su plan de reformas estructurales. Traducido al castellano equivale a que durante diciembre, enero y febrero no tomará ninguna decisión de fondo. Tres meses en los que la crisis seguirá respirando por debajo de la puerta mientras el poder se paraliza mirando el calendario electoral. Tres meses de administración, pero no de gobierno.
No es que falten decisiones; sobran. Lo que falta es coraje político. El subsidio a los hidrocarburos es insostenible. El Estado está sobredimensionado. Las empresas públicas son agujeros negros que tragan recursos sin retorno. Y la producción de gas está en caída libre, obligando a volver a la puerta de las petroleras pidiendo inversiones, casi en la misma posición que en la capitalización de los años 90. Esas son las realidades que el Gobierno tendrá que enfrentar… pero no ahora. No antes de marzo. No antes de las elecciones subnacionales, que en la práctica serán un plebiscito sobre la gestión de Rodrigo Paz.
Si el Gobierno toma decisiones impopulares hoy, paga el costo en las urnas. Si no las toma, paga el costo en la economía. Paz está atrapado entre la caja electoral y la caja fiscal, y ninguna de las dos tiene oxígeno. Por eso, el cálculo político es evidente: patear todo para marzo. El problema es que la economía no tiene un botón de pausa.
Durante estos meses, la población seguirá haciendo fila por diésel, persiguiendo dólares, ajustando presupuestos familiares mientras escucha discursos sobre “austeridad”, “arcas vacías” y “estado en situación calamitosa”. La narrativa es clara: el Gobierno heredó un desastre. Eso es cierto. Lo que no se dice es que administrar el desastre sin enfrentarlo equivale a prolongarlo.
Y todo esto ocurre mientras el oficialismo convive con su propio lastre interno. Edman Lara ya está en campaña, se encuentra en “modo golpe”, erosionando desde adentro. Un gobierno debilitado por fuera y desgastado por dentro. Otro motivo más para no mover las aguas antes de las elecciones.
Las reformas prometidas —hidrocarburos, energía, agro, estado— no son simples ajustes. Son decisiones que enfrentan a sectores enteros del país, que implican costos políticos reales. ¿Cerrar empresas públicas? Miles de despidos. ¿Reducir el tamaño del Estado? Protestas. ¿Modificar la ley de hidrocarburos? Conflictos con sindicatos y con la memoria política del pasado. ¿Abrirse a inversiones petroleras? Abrir un debate nacional que divide al país desde hace 30 años.
¿Puede el Gobierno encarar todo eso en año electoral? Evidentemente no. Por eso la promesa del ministro Lupo de un “plan integral para marzo”, más que una hoja de ruta, es un escudo temporal. Un argumento para justificar la inacción.
Pero marzo no será solo un punto de partida. Será también un punto de quiebre. Si al oficialismo le va mal en las urnas, el que se fortalecerá será el bloque popular y el MAS, que no gobernó 20 años por accidente, sino porque supo capitalizar la debilidad de sus adversarios.
¿Habrá suficiente paciencia social para soportar tres meses de espera? ¿Podrá sostenerse un gobierno que administra la crisis pero no la enfrenta? ¿Qué pasará con los actores internos que ya compiten por el escenario? ¿Y qué ocurrirá con un electorado cansado que verá en marzo no sólo alcaldes y gobernadores, sino una oportunidad para premiar o castigar?
