Durante dos décadas Bolivia vivió una paradoja dolorosa: mientras los desastres naturales golpeaban con creciente fuerza, el Estado elegía mirar hacia otro lado. Inundaciones, incendios, derrumbes, sequías y desbordes fueron tratados no como emergencias humanas, sino como oportunidades políticas o simples molestias comunicacionales. El resultado: pérdidas millonarias, comunidades destruidas, vidas truncadas y un país que retrocedió en prevención hasta ubicarse entre los últimos lugares de América Latina.
Lo que hoy ocurre en Samaipata vuelve a mostrar la fragilidad del país ante los eventos climáticos extremos. Carreteras cortadas, casas devastadas, desaparecidos, familias enteras enfrentando el dolor y la incertidumbre. Pero dentro de ese cuadro oscuro aparece una señal distinta: autoridades nacionales, departamentales y municipales trabajando juntas. Una escena que Bolivia no veía desde hace más de 20 años.
Lo que vimos en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce fue exactamente lo contrario. Indolencia, soberbia, cálculo político. Despreocupación absoluta en momentos críticos. Las inundaciones del Beni, los incendios en la Chiquitania, los desbordes en Santa Cruz, todos tuvieron un denominador común: minimizar la tragedia, negar la magnitud del desastre, evitar declarar emergencias para no quedar expuestos, rechazar cooperación internacional por prejuicio ideológico o por miedo a que se revelaran responsabilidades más profundas.
Llegó al extremo de presidentes que ni siquiera se pronunciaban sobre la desgracia de sus propios ciudadanos. Ese fue el sello de dos décadas: un Estado distante, insensible y, en ocasiones, sospechosamente hermético.
Hoy Bolivia tiene la oportunidad de romper con esa lógica. Un Estado moderno se define por su capacidad de reaccionar ante la crisis y, sobre todo, de prevenirla. La coordinación entre los tres niveles de gobierno que vemos en Samaipata es un primer paso, pero no basta. La verdadera diferencia se verá cuando esa coordinación se traduzca en políticas públicas serias, sostenidas y técnicas.
Prevenir no es un lujo: es la única forma de evitar que un desastre natural se convierta en una catástrofe social. En Bolivia la ausencia de prevención agrava todo. Los desastres destruyen cultivos, viviendas, ganado; obligan a familias enteras a migrar; generan pobreza; rompen cadenas de abastecimiento y elevan los precios; provocan crisis que se arrastran durante meses. Cuando una carretera cede, no solo se queda aislado un pueblo; se afecta la economía regional y nacional. Cuando se quema un bosque, no solo se pierde biodiversidad; se destruyen fuentes de agua, suelos y modos de vida.
Por eso el país necesita otra actitud. Un Estado que actúe rápido, que destine recursos extraordinarios sin demora, que convoque a expertos, que incorpore tecnología, que no tema pedir y recibir ayuda internacional cuando es necesaria. Un Estado que deje atrás la soberbia de creer que todo puede resolverlo solo y que entienda que la prioridad es proteger vidas, no cuidar narrativas políticas.
El país ingresa a una temporada de alto riesgo. Y es aquí donde se medirá el talante del nuevo Estado. Si realmente existe una voluntad distinta, deberá verse en hechos: prevención, coordinación real, inversión en obras resilientes, reconstrucción rápida y un compromiso firme de no usar nunca más el sufrimiento de la gente como herramienta política.
