Se han cumplido seis (6) en que Bolivia vivió dos días sin presidente ni gobierno alguno, todo un fenómeno jurídico-constitucional y político sin precedentes en la historia republicana. Entre la huida de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera el domingo 10 de noviembre de 2019, horas 16:45, hasta el martes 12 de noviembre, a horas 19:00 en que asume Jeanine Áñez, no hubo presidente ni gobierno nacional alguno. Este fenómeno no ha sido estudiado ni analizado en profundidad por los cientistas sociales y juristas. Fueron momentos difíciles donde se activó la sucesión presidencial, aumentó la tensión política en Bolivia y se puso a prueba todo el edificio constitucional.
La Constitución establece que “en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidente o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la presidenta o el presidente del senado, y a falta de ésta o éste por la presidente o el presidente de la cámara de diputados…” (art. 169.1).
A diferencia de Evo Morales que buscaba la solución por el desastre, Carlos D. Mesa (saltándose a Hormando Vaca Díez y Mario Cossío) se aseguró y entregó la banda presidencial a Eduardo Rodríguez. Antes Goni Sánchez de Lozada hizo lo propio cuando le dejó el gobierno (no el poder) a Carlos D. Mesa. En estos casos era clarísimo que los gobernantes querían asegurarse de haber entregado el mando y evitar vacíos de poder. Sin embargo, Evo Morales y Álvaro García Linera impidieron la sucesión constitucional, el primero ordenó (y se cumplió al pie de la letra) la renuncia de la presidenta de la cámara de senadores, Adriana Salvatierra, y del presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda. Esto generó un profundo vacío de poder, que no debe repetirse nunca.
En los sistemas presidenciales, como el boliviano, el ejercicio de la presidencia es un derecho (no una obligación) de modo que en cualquier momento como, por ejemplo, bloqueo del parlamento, resistencia democrática, rebelión del pueblo, entre otras causas, el presidente puede renunciar y lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es tomar conocimiento y aceptar la renuncia. No conocemos de algún antecedente en que el parlamento haya rechazado una renuncia y obligado al renunciante a seguir ejerciendo la presidencia del Estado.
Que Evo Morales haya ordenado renunciar a Adriana Salvatierra, sucesora constitucional en la cadena de mando, e impedido el traspaso formal del gobierno configura el delito de abuso de autoridad que se encuentra tipificado en el código penal. El artículo 153 establece que “la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”. También anuló las fraudulentas elecciones del 20 de octubre de 2019 y ordenó nueva contienda electoral, usurpando funciones del Órgano Electoral, decisiones que configuran hechos delictivos, entre tantos otros, que aún siguen en la impunidad total.
Y como Evo Morales se encargó de generar las condiciones para el terrorífico vacío de poder (pudo haber hecho una transición menos violencia porque tenía mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa), resulta responsable igualmente de todos los hechos de violencia, que incluyen pérdidas de vidas humanas, saqueos, ataques a civiles y a la propiedad privada y pública por parte de sus seguidores. El código penal establece que “son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”. Y es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.
Evo Morales seguía teniendo el control del Estado, y cogobernando (salvo el ejecutivo y tribunal supremo electoral, las autoridades eran las mismas), incluso después de renunciar y escapar. Por tanto, es responsable de los hechos violentos y las pérdidas humanas que incitó primero y ordenó después desde el exterior mientras disfrutaba y abusaba de la menor Noemí Meneses Chávez (alias la Noe).
*Jurista
y autor de varios libros.
