No deja de ser patético ver a los empresarios bolivianos —del Alto, de Santa Cruz o de cualquier región— peregrinando para presentarle al nuevo gobierno, sus quejas, proyectos, demandas y ruegos. Van con carpetas en mano, como si el Gobierno fuera un ente todopoderoso capaz de resolver todos sus problemas, aprobar sus ideas o garantizarles éxito. La escena retrata el drama central de Bolivia: seguimos siendo un país que espera todo del Estado y que no ha aprendido a confiar en la libertad.
El verdadero cambio comienza cuando entendamos que no es función del Gobierno decidir qué producir, cómo hacerlo ni en qué condiciones. Eso es socialismo, y lo hemos vivido por demasiado tiempo. El mensaje del nuevo presidente debería ser uno solo y contundente: “Trabajen, produzcan; el Estado no los va a estorbar.” Esa debería ser la única promesa: garantizar un clima de libertad económica, eliminar la burocracia y las trabas que asfixian al sector productivo.
Rodrigo Paz ha dicho que los empresarios no deben llegar con demandas, sino con producción. Correcto. Pero debería ir más allá: decirles que no vengan al Estado. Que no pidan nada, porque el Estado no tiene nada que dar que no haya quitado antes a alguien más. El Estado no debe ser una fuente de dádivas, créditos blandos o protecciones artificiales; debe limitarse a garantizar seguridad jurídica, respeto a la propiedad y cumplimiento de reglas claras.
El principal problema de Bolivia es el Estado. Cada funcionario público es una traba, un trámite o una oportunidad para la corrupción. Cada nueva norma es una red más densa en la que se enreda el ciudadano productivo. El Estado boliviano no impulsa la economía: la frena, la encarece y la distorsiona. El primer desafío del nuevo gobierno no es atender los problemas del sector privado, sino resolver el problema del Estado: su gigantismo, su ineficiencia y su voracidad fiscal.
La informalidad —ese mal que los tecnócratas quieren “formalizar” con más planes— no se combate con oficinas, censos ni formularios. Se combate eliminando los obstáculos que impiden ser formal. En Bolivia, cumplir la ley es heroico: los impuestos son confiscatorios, los trámites interminables y las normas laborales, imposibles de cumplir. Por eso la gente escapa del sistema. La informalidad no es una causa: es una consecuencia del exceso de Estado.
Si de verdad se quiere formalizar la economía, hay que hacer lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora: simplificar, reducir y liberar. Menos impuestos, menos trámites, menos inspectores. Más libertad, más competencia, más confianza.
El Estado no es el motor del país, es el freno. Bolivia necesita un Estado pequeño, eficiente y limitado, que sepa que su papel no es “dirigir la economía”, sino permitir que exista. Las leyes deben ser pocas y claras, no trampas para extorsionar al ciudadano. Alemania, tras la guerra, reconstruyó su economía con una ley de dos artículos: prohibido el control de precios y libre mercado. Con eso bastó para generar prosperidad.
Si Rodrigo Paz quiere marcar un antes y un después, debe empezar por liberar al país de su Estado. Que los empresarios dejen de peregrinar a Palacio y se dediquen a producir. Que el Gobierno deje de intervenir en todo y se limite a garantizar orden y justicia.
