Luis Arce ha dejado un obsequio envenenado: la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos. Presentada como un alivio para más de un millón de prestatarios, esta norma es un golpe directo a la reactivación económica, una trampa que perjudica a los sectores más pobres y una muestra más del populismo económico que marcó el mandato del MAS.
El discurso oficial es seductor: “una pausa de seis meses sin intereses ni sanciones”. Pero detrás de esa retórica de “respiro financiero” se esconde una peligrosa distorsión del sistema crediticio. El diferimiento no condona deudas, no reduce tasas ni alivia capital; simplemente aplaza los pagos. Y al cabo de los seis meses, los prestatarios deberán afrontar el pago acumulado o refinanciar sus créditos con nuevas condiciones. Para un microempresario o un transportista que vive al día, eso significa caer en mora o perder sus bienes. La ley posterga el problema y lo agrava.
El populismo de Arce vuelve a operar con el mismo libreto: transferir la carga de una crisis estructural a los sectores que producen y generan empleo. En este caso, al sistema financiero, que es el motor que permite que el dinero circule. Al congelar el flujo de pagos durante seis meses, se estrangula la liquidez de los bancos, lo que inmediatamente se traduce en restricción del crédito nuevo. En otras palabras, los emprendedores, agricultores, pequeños productores y familias que hoy necesitan financiamiento para salir adelante, se encontrarán con las puertas cerradas.
El golpe, por tanto, no lo reciben los bancos, que pueden resistir con provisiones y reservas, sino los ciudadanos comunes, que verán secarse las oportunidades de crédito justo cuando la economía necesita oxígeno.
Además, la norma rompe la cultura de pago, uno de los pilares de la inclusión financiera. Si la ley dice que no hay sanción por no pagar, muchos dejarán de hacerlo aunque puedan. A mediano plazo, los bancos endurecerán sus requisitos y aumentarán las tasas de riesgo, lo que excluirá a miles de pequeños prestatarios del sistema formal, empujándolos al mercado informal o a los prestamistas “gota a gota”, donde el interés y la violencia sustituyen al contrato legal.
El daño macroeconómico es evidente. En un país con déficit fiscal creciente, reservas internacionales en caída y escasa inversión privada, la parálisis del crédito es un suicidio económico. El crédito es el combustible de la producción, del comercio y del consumo. Sin crédito, no hay expansión, no hay empleo, no hay dinamismo. La Ley 1670 paraliza precisamente el corazón del circuito económico que Bolivia necesita reactivar.
Y todo esto ocurre en un contexto político calculado: la norma fue aprobada en la última sesión del período legislativo, sin consenso ni diálogo con el sistema financiero ni con los sectores productivos. Es un gesto de revancha política, un último golpe de resentimiento ideológico del gobierno de Arce contra quienes sostienen la economía formal. El MAS se va dejando un campo minado: una ley que aparenta proteger al pueblo, pero que en realidad sabotea el futuro inmediato del país.
El nuevo gobierno no puede ni debe convalidar este error. Debe abrogar la Ley 1670 antes de que empiece a erosionar el sistema financiero y bloquear el acceso al crédito. El verdadero alivio para los prestatarios no está en congelar pagos, sino en fomentar empleo, reducir la presión tributaria, incentivar la inversión y crear condiciones reales para pagar las deudas.
