Los senadores estadounidenses votarán este jueves (06.11.2025) una resolución que podría impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin la autorización del Congreso, un día después de que funcionarios de la administración informaran a los legisladores que Washington aún no tiene una justificación legal para lanzar ataques contra territorio venezolano.
Los legisladores, incluidos los principales republicanos, exigieron a la administración Trump que les proporcione más información sobre los ataques militares estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico oriental.
Aunque la legislación no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser promulgada, en parte porque tendría que ser firmada por el propio Trump, sí permitió a los senadores dejar constancia de sus preocupaciones sobre las amenazas públicas del presidente contra Venezuela. "Es un secreto a voces que esto tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen”, afirmó el senador Adam Schiff, demócrata por California, quien también impulsó la resolución. "Si esa es la dirección que está tomando la administración, si eso es lo que estamos arriesgando -involucrarnos en una guerra-, entonces el Congreso debe pronunciarse al respecto”.
En la audiencia desarrollada en la Comisión de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker, presidente republicano, afirmó que muchos senadores tienen "serias preocupaciones sobre las políticas del Pentágono” y que no se ha consultado al Congreso sobre medidas recientes como la suspensión de la ayuda en materia de seguridad a Ucrania, la reducción del número de tropas estadounidenses en Rumanía y la formulación de la Estrategia de Defensa Nacional.
Sustento legal
La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de EE.UU. a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves (06.11.2025).
Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, tuvieron que dar detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto más de 60 personas.
En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la "orden de ejecución" que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.
El pronunciamiento del Senado estadounidense se da en medio de lo que especialistas consideran como el mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EE.UU. mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino en la zona.
La operación, que ha provocado el rechazo de Caracas, Bogotá y aliados como Brasil, Nicaragua y Cuba, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, que este martes pasó por el Estrecho de Gibraltar, de camino al Caribe.
