La administración de Donald Trump ha elaborado varios planes de acción militar en Venezuela, que van desde ataques limitados hasta operaciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro y tomar el control de los campos petroleros. Según fuentes del gobierno estadounidense, el mandatario aún no ha tomado una decisión definitiva.
Trump se ha mostrado reacio a aprobar acciones que puedan poner en riesgo tropas estadounidenses o convertirse en un fracaso político. Sin embargo, varios de sus principales asesores —entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicejefe de gabinete, Stephen Miller— impulsan una estrategia agresiva para sacar a Maduro del poder.
La Casa Blanca pidió al Departamento de Justicia una base legal que permita justificar una intervención militar sin autorización del Congreso. Los abogados trabajan en un informe que vincularía a Maduro con el “Cartel de los Soles”, calificado por Washington como grupo narcoterrorista, lo que abriría la puerta a un ataque directo.
De concretarse, sería una ampliación de los poderes presidenciales para ordenar asesinatos selectivos. Ya en meses anteriores, la administración había usado drones contra supuestos narcotraficantes en el Caribe, sin detenciones ni juicios.
El despliegue militar en la región ha crecido rápidamente. Más de 10.000 efectivos estadounidenses están posicionados en el Caribe y Puerto Rico, y el portaaviones Gerald R. Ford —el más grande del mundo— llegará en los próximos días con 5.000 marineros y 75 aeronaves de combate.
También se han movilizado bombarderos B-52 y B-1 desde bases en Texas y Luisiana, y unidades de operaciones especiales realizaron maniobras frente a la costa venezolana. Funcionarios del Pentágono describen estos movimientos como “una demostración de fuerza”, aunque analistas los interpretan como presión psicológica sobre Caracas.
Los asesores de Trump han presentado tres escenarios principales. El primero contempla ataques aéreos para debilitar el apoyo militar a Maduro. El segundo prevé operaciones especiales para capturarlo o eliminarlo, mientras que el tercero incluye el envío de tropas para tomar pistas aéreas y yacimientos petroleros.
Trump, sin embargo, ha pedido garantías de que cualquier acción traería beneficios concretos para Estados Unidos. Su atención está puesta en las reservas de crudo venezolanas, las mayores del mundo, y en cómo Washington podría aprovecharlas si Maduro cae.
Chevron, la única petrolera estadounidense que aún opera en Venezuela, mantiene una posición estratégica. Aunque su licencia fue restringida este año, la compañía sigue exportando petróleo y ha sido señalada como posible beneficiaria si un nuevo gobierno proestadounidense se instala en Caracas.
Maduro intentó ofrecer a Trump concesiones petroleras y mineras a cambio de aliviar la presión, incluso reduciendo su dependencia de China, Irán y Rusia. Pero la Casa Blanca rechazó la propuesta y aceleró los preparativos militares.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia trabaja en una justificación legal similar a la que se utilizó en 2020 para autorizar el asesinato del general iraní Qassim Suleimani. En aquel caso, se argumentó que el ataque no constituía una “guerra” sino una acción preventiva contra una amenaza inmediata.
Si Trump aprueba finalmente la operación, asumirá riesgos militares, políticos y diplomáticos considerables. No hay certeza de éxito ni de que un eventual nuevo gobierno venezolano sea estable o proestadounidense. Por ahora, el presidente parece debatirse entre la oportunidad estratégica del petróleo y el peligro de abrir otro frente militar en América Latina.
