El tribunal supremo electoral ha prometido un debate de infarto entre los dos candidatos presidenciales: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. La necesidad de ajustar la parte metodológica permitirá superar las deficiencias del encuentro realizado entre JP Velasco y Edman Lara. En verdad, no fue un debate sino un encuentro televisivo entre los vicepresidenciales donde expusieron algunas ideas generales, muchas acusaciones (guerra sucia) e incumplieron las reglas preestablecidas.
La metodología será determinante para poder abordar los 11 ejes temáticos acordados entre el promotor y los candidatos. El TSE propuso medidas económicas, medidas de contención social, justicia, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, salud, educación, hidrocarburos, litio, minería y agricultura. También se mejoró el tiempo de participación de los candidatos presidenciales que era de dos minutos y se perfeccionó la intervención de los moderadores para evitar lo que pasó en el anterior debate de los vicepresidenciales.
El rol de los moderadores resulta fundamental porque no solo son administradores del tiempo e introducir cada eje temático sino además son los árbitros que tienen que hacer cumplir la normativa establecida y consensuada con los candidatos presidenciales. Se espera un debate diferente en todo sentido porque se trata de dos experimentados dirigentes políticos, que tienen la talla para conducir los destinos de más de doce millones de bolivianos.
El debate tiene el propósito de confrontar las ideas, las propuestas, los programas de gobierno y lo más importante que espera el ciudadano es que demuestren y convenzan del cómo resolver los grandes problemas nacionales. Los bolivianos estamos en una verdadera bancarrota, que no hay divisas ni para comprar combustibles, que necesitamos recursos económicos frescos, y un conjunto de medidas para comenzar a levantar cabeza. Todo eso está clarísimo; el problema es el cómo, qué piensan hacer, y quién tiene la talla para ganar la confianza del electorado.
El debate no sólo apuesta por la legítima competencia entre los candidatos sino también constituye un derecho del elector al voto informado. El ciudadano necesita no solo que se lo atosigue con propaganda las 24 horas del día sino información completa, oportuna y deputada. La sana confrontación de ideas debe protegerse, incluso, la que choca, irrita o inquieta a los adversarios y funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, los medios deben informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.
La confrontación de ideas debe orientar a la opinión pública. La función de los medios de comunicación social no sólo debe ser transmitir información y entretener, sino fundamentalmente deben orientar en debida forma a la opinión pública. Los grandes debates sobre una infinidad de temas que son de interés público, terminan formando la opinión pública. La ciudadanía debidamente informada de los grandes temas nacionales estará en mejores condiciones de poder tomar decisiones en su diario vivir.
El interés público se entiende menoscabado tanto si se impide comunicar o recibir una información veraz como si se difunde, se impone o se ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad. La Corte IDH aclaraba que el bien común debe entenderse, dentro del contexto de la convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos (OC-5/85 de 13 de noviembre).
La sana y necesaria confrontación de ideas se encuentra protegida por la Constitución, cuando proclama precisamente que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa (art. 106). El debate garantiza además la transparencia y la fiscalización del proceso electoral, de modo que los candidatos deben debatir ideas y el cómo se hacen realidad, salvo que se quiera cercenar uno de los derechos básicos del elector como es el derecho al voto informado e imponerse un proceso electoral totalitario.
*Jurista y autor de varios libros.
