Si el presidente es inmoral, hay que destituirlo. Y lo mismo si se trata de “la” presidente, como ocurrió en Perú con Dina Boluarte.
Los parlamentarios peruanos debieron crear una figura que no estaba en las leyes y menos en la constitución para dictar la destitución.
Eso de que tiene “incapacidad moral” para ser presidente no figura en ninguna constitución, pero los peruanos la han usado por segunda vez, y muestran que es pertinente.
Los últimos once presidentes peruanos llegaron al cargo y luego lo abandonaron por razones especiales, que deberían ser tomadas en cuenta por otros países.
Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 después de derrotar a Mario Vargas Llosa, quien decidió, como castigo a sus ciudadanos, hacerse español.
Fujimori derrotó a la guerrilla Sendero Luminoso, pero luego cerró el parlamento, fue destituido y enviado a la cárcel.
Alejandro Toledo, sospechoso de ser boliviano, asumió en 2001 pero luego se descubrió que recibió un soborno de Odebrecht, lo que le obligó a huir. Fue extraditado y condenado a 20 años de prisión.
Alán García asumió en 1985 y luego en 2006, pero fue acusado de corrupción. Era un excelente orador. No aceptaba ser llevado a la justicia y en abril de 2019 se pegó un tiro.
Ollanta Humala asumió en 2011 pero otra empresa brasileña, Odebrecht, lo envolvió en un escándalo, por lo que fue acusado y en 2017 fue acusado, junto con su mujer, con quien tuvo que estar en prisión preventiva.
En 2018 fue el turno de Pedro Pablo Kuczynski, economista de origen polaco, que ganó por pocos votos a Keiko Fujimori, pero luego fue denunciado por haber cometido soborno con un hermano de Keiko. Ahora está con arresto domiciliario, por razones de salud.
Martín Vizcarra sucedió a Kuczynski, porque era su vicepresidente, disolvió el congreso pero los reemplazantes lo destituyeron por corrupción. Uno de los cargos es haber hecho negociado con vacunas contra el Covid. Luego postuló al congreso, y obtuvo 165.000 votos, pero estaba inhabilitado por “incapacidad moral”. Ahora le espera una pena de 15 años de cárcel.
Lo sucedió, por una semana, en noviembre de 2020, Manuel Merino, y fue destituido por las protestas populares que provocaron dos muertos.
Y entonces llegó Francisco Sagasti, por sucesión constitucional, estuvo ocho meses en el cargo y compró vacunas contra el Covid. No se metió con ninguna empresa brasileña.
Vino Pedro Castillo, recordado por tener 78 ministros y por haber demostrado una “escasa capacidad de gestión”, lo que hizo que lo destituyeran. Ahora está preso.
Así llegó el turno de Dina Boluarte, en diciembre de 2022, que acaba de ser destituida por “incapacidad moral”.
Buenas lecciones para Bolivia.
Siglo21bolivia.com
