Justo cuando el gobierno de Arce insiste en que “lo han hecho bien” y que no dejan un desastre en el país, el Banco Mundial acaba de pronosticar lo contrario: una contracción de la economía boliviana de -0,5% este año, seguida de caídas aún más profundas de -1,1% en 2026 y -1,5% en 2027. En otras palabras, Bolivia no solo ha dejado de crecer: ha entrado en recesión, y todo apunta a que el deterioro será prolongado.
Mientras el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, asegura que hay “estabilidad en varios sectores” y que el gobierno deja “una economía resiliente”, los datos del Banco Mundial muestran una realidad demoledora. Bolivia será, junto a Haití, el único país de América Latina en decrecer este año. Lo que hace apenas unos meses era una modesta previsión de crecimiento del 1,2%, se ha convertido ahora en un ciclo de tres años consecutivos de contracción. Esa trayectoria no se explica por “bloqueos” o “sabotajes”, como insiste el gobierno, sino por la erosión estructural de un modelo populista agotado.
La narrativa oficial ya no se sostiene: la producción de gas —principal fuente de ingresos del país— sigue cayendo; las reservas internacionales están en su punto más bajo en dos décadas; la deuda pública roza el 64% del PIB; y la inversión privada se ha desplomado. Montenegro habla de “estabilidad”, pero la estabilidad de un enfermo en coma no es sinónimo de salud. Lo que hay en Bolivia es una economía sostenida por parches, subvenciones y bonos que el estado ya no puede financiar sin endeudarse más.
El Banco Mundial es claro en su diagnóstico y en sus recomendaciones: si Bolivia quiere evitar una recesión prolongada, debe abandonar el populismo económico y emprender reformas estructurales urgentes. Entre ellas, mejorar la eficiencia del gasto público, eliminar subsidios distorsivos, reformar el sistema tributario para incentivar la inversión, y atraer capital privado mediante un clima de negocios estable y reglas claras.
También propone una agenda de tres ejes: invertir en capital humano para crear empleo y aumentar la productividad; reformar las regulaciones que asfixian al emprendimiento; y facilitar el acceso al financiamiento para empresas transformadoras capaces de innovar y generar valor agregado. Pero nada de eso será posible si el próximo gobierno no asume con realismo la magnitud del daño y rompe con el viejo discurso asistencialista.
Lo que se viene no será fácil. El país enfrenta un entorno externo adverso —caída de precios de materias primas, enfriamiento global, costos de deuda elevados—, pero el verdadero problema está dentro: un estado hipertrofiado, una economía reprimida por controles y subsidios y una cultura política que confunde ayuda social con desarrollo.
El próximo gobierno tendrá que tomar decisiones impopulares pero necesarias: sincerar el precio de los combustibles, reorientar el gasto público hacia inversión productiva, abrir espacios para la iniciativa privada y reconstruir la confianza perdida. Bolivia no saldrá de este agujero mintiéndose a sí misma ni repitiendo consignas de “estabilidad”.
El populismo económico puede comprar tiempo, pero no puede comprar futuro. Las cifras del Banco Mundial son una advertencia: si no se cambia el rumbo, se viene lo peor. Y esta vez, no habrá relato que lo tape.
