La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N.º 553/2024-2025, que endurece las sanciones contra el abigeato, un flagelo que causa cada año pérdidas millonarias al sector ganadero. La norma, que modifica la Ley N.º 1102 del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato (CONALCABI), establece penas de hasta ocho años de privación de libertad para los responsables.
Durante la sesión, Walter Ruiz Paz, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) presentó los argumentos técnicos que respaldan la iniciativa.
Explicó que el abigeato genera graves impactos económicos, sociales y sanitarios, afectando directamente a los productores ganaderos.
Advirtió además sobre el aumento del comercio ilegal de carne proveniente de faenas clandestinas, lo que representa un riesgo para la salud pública.
El equipo técnico de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) complementó la exposición con datos que muestran que este delito perjudica a productores de todos los tamaños y departamentos del país, muchos de los cuales son víctimas de amenazas y amedrentamientos por parte de redes delictivas.
El proyecto fue impulsado por el diputado José Carlos Gutiérrez Vargas, representante de la circunscripción 45 de Santa Cruz, quien lideró la sustentación jurídica de la propuesta. El legislador destacó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del sector pecuario, afectado por la impunidad con la que operan estas redes.
La modificación legal no solo se enfoca en el ganado bovino, sino también en especies caballares, mulares, asnales, bufalinas, porcinas, caprinas, ovinas y camélidas americanas.
Tras superar esta primera instancia el proyecto debe ser puesto en agenda y debatido en el pleno de la Cámara de Diputados. Se espera que su aprobación definitiva permita frenar la impunidad que, hasta ahora, ha facilitado que los responsables “entren presos y salgan rápidamente” por las limitaciones del actual artículo 350 del Código Penal.
“El sector productivo celebra este avance, pero también recuerda que hay al menos nueve leyes más que deben ser trabajadas para garantizar una verdadera seguridad alimentaria y condiciones adecuadas para producir en Bolivia”, señaló Ruiz, citado en un boletín de prensa.
