Por más que los índices de corrupción bajen y los rankings de transparencia suban, el gobierno nunca deja de robar. Su naturaleza es parasitaria: vive de lo que producen otros. El Estado no genera riqueza; la redistribuye por la fuerza, disfrazando el saqueo con nombres elegantes como “impuestos”, “aportes” o “programas sociales”. Desde los emperadores que diluían monedas hasta los burócratas modernos que imprimen billetes sin respaldo, el método es el mismo: quitarle al ciudadano poder adquisitivo y libertad. Cada decreto, subsidio o rescate financiero no es más que una coartada para seguir extrayendo recursos de quienes trabajan. Por eso se exige un Estado chico, limitado y controlado. Mientras más grande sea el gobierno, más manos se extienden al botín y más mentes se dedican a inventar formas de justificar el robo. Reducir el Estado no es ideología: es defensa propia. En Bolivia es una urgencia.