No se trata de ser alarmistas, los hechos están a la vista: déficit fiscal superior al 10% del PIB, inflación que bordea el 20%, reservas internacionales en niveles ínfimos y el crecimiento más bajo de Sudamérica, según la CEPAL. El cuadro se agrava con una emisión monetaria desbordada, el estancamiento productivo y un Estado que se ha vuelto demasiado grande para financiarse sin devorar a su propio pueblo.
El déficit fiscal es el principal factor que explica la crisis actual. Entre 2015 y 2024, el promedio anual fue de 8,7% del PIB; en 2023 alcanzó 10,9% y en 2024, 10,1%. Para 2025 se estima que nuevamente rebasará el 10%. Más grave aún: este déficit se financia en un 80% con recursos internos, principalmente del Banco Central de Bolivia (BCB) y de los fondos de pensiones. En otras palabras, los ahorros de los trabajadores y la capacidad de emisión de la autoridad monetaria se convierten en oxígeno artificial para sostener un gasto público que no se ajusta a la realidad de los ingresos.
El resultado es previsible: más deuda y más inflación. A julio de 2025, la deuda pública llegó a 44.060 millones de dólares, con un 78,5% del PIB en términos relativos. Si bien la cifra parece menos dramática por efecto de la inflación —que eleva el PIB nominal y “abarata” la deuda interna no indexada—, el costo lo pagan los ciudadanos. Los pasivos del BCB se devalúan, las pensiones pierden poder de compra y los salarios se ajustan tarde y mal a un ritmo inflacionario que ya supera el 18% acumulado.
La CEPAL confirma el grave deterioro de la economía: Bolivia crecerá apenas 1,5% este año, el peor desempeño de Sudamérica, arrastrada por un cóctel de estanflación —estancamiento con inflación—, escasez de divisas, déficit de carburantes y un gasto público insostenible. El país se ha convertido en un ejemplo de cómo la falta de reformas y la dependencia de un modelo agotado —el gas y el gasto estatal— derivan en un rezago peligroso.
El impacto no se limita a las estadísticas macroeconómicas. Sectores estratégicos como la construcción están al borde del colapso. En Santa Cruz, el 70% de las empresas constructoras está paralizado por falta de pago de planillas, escasez de diésel y costos disparados por la devaluación encubierta. La crisis de liquidez no solo amenaza proyectos, sino miles de empleos. El mismo patrón se repite en otras ramas productivas: informalidad creciente, empresas que migran a la subcontratación y un mercado laboral rígido que expulsa oportunidades en lugar de crearlas.
La raíz del problema es clara: un Estado que gasta más de lo que tiene y que financia su brecha con emisión y deuda interna. Entre 2006 y 2024, la emisión monetaria creció 815%. Solo en 2025, hasta julio, aumentó 35% respecto al año anterior. Inyectar dinero en una economía que produce menos es la receta perfecta para la inflación. Y lo más grave: la confianza en el boliviano se erosiona, multiplicando la demanda de dólares y agravando la crisis cambiaria.
Bolivia no puede seguir postergando un ajuste estructural. El futuro gobierno deberá enfrentar decisiones duras: disciplina fiscal, reducción del tamaño del Estado, independencia real del Banco Central, flexibilización laboral y apertura comercial.
