Bolivia atraviesa su mayor desafío inflacionario desde finales de los años ochenta. La inflación acumulada hasta septiembre de 2025 alcanzó el 18,33%, el nivel más alto desde 1987, lo que pone en entredicho el relato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre una supuesta desaceleración en los precios. Aunque el organismo reportó una variación mensual de apenas 0,20% en septiembre —muy por debajo del 1,20% de julio y del 5,21% de junio—, economistas locales e internacionales cuestionan la confiabilidad de las estadísticas y advierten que familias y empresas sienten una presión mucho mayor a la reflejada en los informes gubernamentales.
El INE argumentó que la inflación se moderó por tercer mes consecutivo debido a la disminución de tensiones vinculadas a bloqueos y problemas de oferta. Sin embargo, expertos consideran que esta lectura es incompleta y hasta engañosa. Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), calificó los datos de “altamente poco confiables”, debido a que se calculan con una canasta de consumo de 2016 que ya no refleja el patrón actual de gasto de los hogares.
A este sesgo se suma la volatilidad extrema del mercado boliviano, donde los precios cambian semana a semana e incluso de un día a otro. En este contexto, el momento exacto de la recolección de precios puede alterar significativamente el resultado. La falta de detalle sobre el peso real de cada ítem en categorías amplias como “bienes y servicios diversos” refuerza la sospecha de que aumentos más sensibles, sobre todo en alimentos e importados, están siendo diluidos.
La inflación más alta en cuatro décadas
Más allá de los informes oficiales, la percepción en la calle es clara: el costo de vida se ha disparado. Luis Fernando Romero Torrejón, investigador boliviano, advierte que mientras el INE insiste en mostrar una baja inflación mensual, la acumulada del 18,33% marca un récord en casi 40 años y refleja un deterioro real en el poder adquisitivo.
El incremento de alimentos, vivienda, servicios básicos y combustibles golpea con fuerza a las familias. A ello se añaden problemas estructurales: escasez de dólares, déficit de combustibles, exceso de circulante y baja producción. “La sensación en el bolsillo es totalmente distinta a la narrativa oficial”, señaló Romero.
Volatilidad cambiaria
El dólar paralelo se convirtió en un factor determinante. En pocos meses, pasó de Bs.17 a Bs.12,7, tras años de anclaje en Bs.7. Este ajuste abrupto altera los costos de reposición de insumos importados y distorsiona el cálculo de la inflación. Según Fortun, cuando el INE mide precios en un momento de retroceso del paralelo, el resultado puede parecer benigno aunque la economía siga tensionada.
Mientras tanto, rubros como bebidas alcohólicas y tabaco (+1,31%), vivienda y servicios básicos (+1,08%) y alimentos fuera del hogar (+0,84%) demuestran que el encarecimiento no está limitado a ítems marginales, sino que alcanza áreas de fuerte impacto social.
Desafíos políticos y económicos
El panorama político añade más presión. Con la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, Bolivia podría dar un giro tras más de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). El próximo presidente —Rodrigo Paz Pereira o Jorge Quiroga— recibirá una economía en tensión, marcada por inflación, devaluación y pérdida de reservas.
Economistas coinciden en que será necesario reducir la liquidez monetaria, unificar los tipos de cambio y garantizar el suministro de combustibles. Sin estas medidas, la inflación podría dispararse aún más y amenazar la estabilidad social en un país históricamente vulnerable a los choques de precios.
Entre el pasado y el futuro
La crisis actual remite a los años ochenta, cuando Bolivia vivió episodios de hiperinflación que moldearon la política económica durante décadas. Aunque el contexto es distinto, persiste el riesgo de que el país entre en una espiral de precios difícil de controlar.
El próximo gobierno tendrá la oportunidad —y la obligación— de emprender reformas estructurales que corrijan las distorsiones cambiarias, fortalezcan la producción interna y restablezcan la credibilidad estadística. De lo contrario, el país podría entrar en un ciclo prolongado de inestabilidad donde las cifras oficiales divergen cada vez más de la realidad cotidiana de millones de bolivianos.
