No podía salir otro resultado más que corrupción de Emapa, la empresa que fue creada por el gobierno de Evo Morales para destruir la economía nacional, para empobrecer a los bolivianos y crear un sistema de dominación basado en el hambre. Lo que hoy se revela con la aprehensión de Franklin Flores, exgerente de la estatal y de otros funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica es la confirmación de un legado perverso que debe terminar cuanto antes.
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) nació en 2007 bajo el argumento de “garantizar la seguridad alimentaria”. En los discursos, era la herramienta para proteger a productores y consumidores, asegurar precios “justos” y evitar la especulación. En la práctica, se convirtió en un monstruo burocrático que distorsionó los mercados, quebró la confianza de los productores y sirvió como caja chica política.
La Fiscalía ha confirmado lo evidente: salarios oficiales que no justifican patrimonios millonarios, depósitos sospechosos de funcionarios a sus superiores, sobreprecios, contratos modificados sin sustento técnico y un rosario de actos ilícitos. Flores declaró bienes por más de 2,8 millones de bolivianos, cuando su salario mensual era de apenas 15.950. Para alcanzar esa cifra hubiera tenido que ahorrar íntegramente cada peso durante 14 años, sin gastar un solo centavo. El sentido común ya dicta que es imposible.
Pero más allá de la corrupción personal, lo grave es el impacto estructural de Emapa en la economía. Al imponer precios alejados de la realidad del mercado, la empresa generó desincentivos a la producción, fomentó el contrabando y abrió las puertas al mercado negro. Los productores medianos y grandes fueron marginados, mientras que los pequeños quedaron atrapados en un esquema clientelar que dependía más de las conexiones políticas que de la eficiencia productiva. Lo que debía ser un apoyo al agro se transformó en una herramienta de control y sometimiento.
El resultado está a la vista: consumidores que pagan más caro por los alimentos básicos, agricultores que pierden competitividad y un Estado que dilapida miles de millones de bolivianos en mantener una estructura deficitaria y corrupta. Lo que podría haberse invertido en riego, tecnología o infraestructura rural terminó en subsidios improductivos, contratos inflados y sueldos de burócratas.
Con la detención de Flores y sus cómplices, el país tiene una oportunidad de abrir los ojos. No se trata de reemplazar a una persona por otra ni de seguir parchando un modelo fracasado. Se trata de asumir que Emapa es un cáncer para la economía nacional. Mantenerla en pie significa perpetuar la corrupción, la ineficiencia y la pobreza.
Emapa debe ser desmantelada antes de que continúe devorando recursos y destruyendo la producción. La verdadera soberanía alimentaria se logra empoderando a los agricultores, no creando feudos burocráticos al servicio de intereses políticos. Demoler Emapa es una urgencia nacional para evitar que la hambruna y la corrupción sigan marcando el destino de Bolivia.
Emapa debe ser desmantelada antes de que continúe devorando recursos y destruyendo la producción. La verdadera soberanía alimentaria se logra empoderando a los agricultores, no creando feudos burocráticos al servicio de intereses políticos.
