En Bolivia, la justicia no es ciega: usa lentes verdes con el logo del MAS y, cuando se trata de mirar al Chapare, además se pone anteojeras para no ver lo que todos sabemos. El último capítulo de este circo judicial lo protagoniza nada menos que Felipe Cáceres, el ex zar antidrogas, a quien le encontraron en sus propias tierras una fábrica de cocaína tan sofisticada que bien podría ser catalogada como “industria modelo” por Naciones Unidas.
Aunque intenten hacernos creer que la parcela no es suya —porque tiempo sobra para inventar dueños fantasmas y testigos fabricados en serie— lo cierto es que todos, desde los fiscales hasta el perro callejero del barrio, saben que esa tierra tiene nombre y apellido: Felipe Cáceres. Y si hablamos de la fábrica de cocaína y los precursores, pues claro, también son parte de su “paquete productivo”.
Ahora, pretender que el exzar antidrogas no sabía nada es casi un insulto a la inteligencia colectiva. ¿Cómo quiere vendernos el cuento de que, entrando por el único camino principal hacia su parcela, no vio absolutamente nada? Ni los galpones, ni los tanques, ni el laboratorio camuflado. ¿Y que, en los 600 metros en línea recta hasta el río, donde dice tener su chancadora, jamás notó las instalaciones antiguas que brillaban más que feria de pueblo? Vamos, ni Stevie Wonder habría pasado desapercibido ese montaje.
Pero tranquilos, porque el juez de Ivirgarzama, ese templo donde Evo Morales reparte bendiciones, decidió que don Felipe no merece cárcel, sino arresto domiciliario. Y no cualquier arresto: uno sin escolta, con permiso para trabajar, como si lo suyo fuera un malentendido en la feria de ganado y no un laboratorio para abastecer carteles internacionales.
Mientras tanto, en otras regiones del país, cuando un narco de “menor rango” cae in fraganti, la historia es otra: prisión preventiva inmediata, traslado a Chonchocoro y todo el peso de la ley cayendo como mazo de herrero. Claro, la diferencia está en que esos pobres diablos no tienen carnet de afiliación al cartel del Chapare ni fotos abrazados al “gran jefe”.
Un dato digno de resaltarse: los narcos de segunda categoría, esos que caen produciendo cocaína, suelen hacerlo en propiedades de al menos 1.000 hectáreas, donde perderse entre el monte todavía tiene alguna lógica. Pero en el caso del ilustre capo del Chapare, hablamos de apenas 50 hectáreas. Sí, cincuenta. En semejante minifundio cualquiera sabe exactamente qué hay y dónde está ubicado.
Entonces, que ahora Felipe Cáceres quiera convencernos de que en ese terreno “chiquito” jamás vio la fábrica ni el laboratorio de cocaína es simplemente tratarnos de idiotas a todos los bolivianos… y de paso a los fiscales que investigan. Porque vamos, ni con los ojos vendados se puede ignorar semejante complejo en tan poca tierra. Pretender lo contrario es subestimarnos con un descaro digno de récord mundial.
Porque seamos claros: en la capital del narcopoder, la justicia no depende de códigos ni de leyes, sino de un solo hombre. Evo Morales no solo dicta línea política, también define quién es narco “honorable” y quién es delincuente sin salvación. En el Chapare, las audiencias se parecen más a ceremonias de veneración que a procesos judiciales. Y si el exviceministro dice que nunca caminó por sus 50 hectáreas y que jamás vio el laboratorio, pues los jueces lo creen con la misma fe que un devoto cree en los milagros de la Virgen de Urkupiña.
Es simplemente vergonzoso que un juez de la propia zona haya sido el encargado de “juzgar” y, peor aún, de sancionar de manera aberrante a este personaje. La pregunta cae por su propio peso: ¿por qué, sabiendo que los jueces de Ivirgarzama viven bajo la sombra y la presión del narcopoder, se permitió que este proceso se quedara allí, en pleno corazón del Chapare?
Estamos hablando de una ex autoridad sorprendida en un delito de narcotráfico con repercusión internacional. Lo lógico, lo mínimo, lo decente, hubiera sido trasladarlo de inmediato a La Paz o a Santa Cruz, donde, con algo de suerte, la justicia aún puede respirar sin pedir permiso al cartel del Chapare.
Y claro, ahora aparecen los fiscales con la ocurrencia de “desconocer” al juez y su benevolente prisión domiciliaria. ¿En serio? Nos encantaría ver cómo piensan hacerlo. Porque si nadie se anima a ejecutar una orden de aprehensión contra Evo Morales, ¿de verdad creen que alguien va a detener al protegido de Evo en el fortín blindado del narcotráfico? Ni el Chapare se cree semejante cuento.
El mensaje es claro: si eres parte del círculo, la justicia es benévola, flexible y hasta compasiva. Si no lo eres, prepárate para la ley del embudo, esa que ajusta el nudo de la soga solo a los que no tienen padrino en el Chapare.
Es más —sí, con mayúsculas porque la cosa lo amerita—, estamos transitando una fase de transición que huele a cambio. En noviembre prometen posesionarse autoridades distintas a las del socialismo narco-masista, y la gran pregunta no es retórica: ¿quién va a recuperar ese territorio que hoy parece más una república independiente del Chapare que parte de Bolivia?
Hablamos del refugio de Marset y de otros cabecillas internacionales, una zona donde la ley parece tomarse vacaciones perpetuas. ¿Será prioridad del nuevo gobierno reconquistarlo? ¿Van a llamar a la DEA de vuelta para que les ayude a limpiar la casa de los narcotraficantes que hasta ayer tuvieron pasaporte político?
Lo único inapelable es esto: quien asuma tendrá que lidiar no solo con la crisis social, económica y moral que heredará, sino también con un territorio que, hoy por hoy, pertenece de facto a Evo y sus secuaces. Y aviso: si alguien cree que será una guerra alegre y corta contra el narcotráfico, que se prepare, se viene una pelea dura, sucia y larguísima. La loba va a estar brava.
Así se escribe, una vez más, la historia de la impunidad: un país donde los narcos de Evo se convierten en “emprendedores de áridos” y los demás en carne de presidio. Sarcástico, ¿no? O más bien trágico.
