Cuando la ciudadanía padece largas colas para conseguir diésel y gasolina y la economía se paraliza, el gobierno boliviano opera un esquema de corrupción sin parangones a través de YPFB y su filial Botrading. La empresa, constituida en Paraguay como intermediaria para la compra de combustibles, ha generado un daño económico al Estado estimado en 293,8 millones de dólares, según un informe de la Cámara de Diputados.
Botrading fue creada bajo el argumento de optimizar importaciones y reducir costos, pero la realidad es otra: pagos sin contrato, sobreprecios, contratos fantasma y préstamos irregulares muestran que la filial funcionó como un nido de corrupción. Los transportistas no pueden importar combustible directamente y deben pasar obligatoriamente por esta intermediaria, encareciendo los costos y generando esperas de hasta 10 o 15 días en surtidores.
El exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz, ya fue enviado a la cárcel y se completan las investigaciones. La Fiscalía y la FELCC realizaron allanamientos secuestrando documentación clave. Sin embargo, la declaración en reserva del caso y la demora en la acción judicial han generado desconfianza en los sectores que denunciaron el fraude. La actuación del Ministerio Público ha sido tardía pues hace meses que había evidencias del proceder delincuencial de estos sujetos.
El daño económico no es menor: el saqueo empezó desde el principio, con un préstamo otorgado por YPFB de 80 millones de dólares en condiciones privilegiadas, respaldado con contratos futuros y con tasas irrisorias. La empresa habría generado ganancias aparentes por sobreprecios injustificados, consolidando un esquema de corrupción que involucra sociedades simuladas, falsedad ideológica y contratos lesivos al Estado.
La escasez de combustibles, que afecta al transporte, la industria y la producción de alimentos, se traduce en un riesgo directo de inseguridad alimentaria. Con el 90% del diésel y el 56% de la gasolina importados y vendidos a precios subsidiados, la paralización logística amenaza la economía y la vida cotidiana de millones de bolivianos. Mientras tanto, la élite vinculada a Botrading se enriquece sin control.
El informe de la Cámara de Diputados, aprobado por unanimidad, identifica cinco posibles delitos: falsedad ideológica, creación y uso de sociedades ficticias, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Sin embargo, el retraso en remitir este informe al Ministerio Público y la falta de acciones contundentes mantienen a los responsables en un limbo de impunidad.
Botrading no es un simple caso de mala gestión; es un atentado contra la economía, la transparencia y la dignidad de los bolivianos. La ciudadanía espera combustible, alimentos y estabilidad y la respuesta es corrupción e impunidad. Es imprescindible que la justicia actúe de inmediato, sancione a los responsables y recupere los recursos desviados. Solo así se podrá empezar a reparar el daño causado y prevenir que un nido de corrupción paralice nuevamente a todo un país.
Botrading no es un simple caso de mala gestión; es un atentado contra la economía, la transparencia y la dignidad de los bolivianos. La ciudadanía espera combustible, alimentos y estabilidad y la respuesta es corrupción e impunidad.
