Autoridades del departamento del Beni han manifestado su preocupación por el desvío del río Grande mediante la construcción de obras irregulares, las cuales podrían generar inundaciones a gran escala durante la próxima temporada de lluvias, afectando especialmente a zonas productivas y poblaciones del sur del departamento.
El senador Fernando Vaca, representante de Comunidad Ciudadana (CC), informó que la bancada del Beni en la Cámara Alta ha recibido un informe del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) que confirma la intervención humana no autorizada sobre el cauce del río, mediante la instalación de diques y sistemas de deflexión.
“Estas acciones están modificando el cauce natural del río Grande. No solo es una afectación al territorio del departamento de Santa Cruz, sino que preocupa profundamente el impacto directo que estas alteraciones pueden tener en el Beni, especialmente en su zona sur”, afirmó Vaca.
Según el informe técnico de Searpi, al menos 15 estructuras de hormigón entre diques y deflectores han sido construidas sin ningún tipo de autorización oficial, con el objetivo de redirigir los caudales del río Grande hacia los ríos Ibare y Mamoré, que discurren cerca de la ciudad de Trinidad.
Estas modificaciones del cauce, de carácter antrópico (causadas por intervención humana), podrían provocar inundaciones severas en áreas productivas, especialmente aquellas dedicadas a la agricultura arrocera y la ganadería, además de poner en riesgo a pueblos indígenas y comunidades rurales asentadas en esa región.
Durante una reciente sesión del pleno del Senado, los senadores Fernando Vaca y Walter Justiniano denunciaron públicamente la situación y solicitaron al Gobierno nacional tomar medidas urgentes.
“Pedimos un pronunciamiento oficial del Senado, a través de una resolución de Cámara, y exigimos que los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Defensa y Desarrollo Rural y Tierras se constituyan en el departamento del Beni para explicar qué está sucediendo y por qué estas acciones no han sido fiscalizadas ni detenidas”, señaló Vaca.
Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de las obras, ni se ha aclarado qué entidades o personas estarían autorizando la construcción de estas estructuras, que representan un riesgo ambiental significativo para la región.
La principal preocupación de las autoridades y sectores productivos del Beni es que, con la llegada de la temporada de lluvias, el volumen de agua desviado podría superar la capacidad de los afluentes receptores, desencadenando inundaciones en áreas habitadas y cultivos, con consecuencias ambientales, económicas y sociales de gran magnitud.
El Comité Cívico de Beni y representantes del sector productivo han respaldado la denuncia, señalando que es urgente frenar estas intervenciones antes de que se produzca una situación irreversible.
Las investigaciones continúan, mientras se aguarda la respuesta oficial del Gobierno y la posible intervención de las autoridades competentes.
