El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, insiste en recorrer el camino trillado del populismo. Promesas grandilocuentes, inviables y, sobre todo, peligrosas para un país que ya se encuentra al borde del abismo económico. Su discurso es un reciclaje de los mismos errores que nos trajeron hasta aquí: subsidios eternos, combustibles artificialmente baratos, aparatos estatales hipertrofiados y prebendas que hipotecan el futuro con tal de ganar votos inmediatos.
En su última aparición, Paz volvió a confirmar que no tocará al monstruo más costoso y corrosivo que tiene Bolivia: los 500.000 empleados públicos que consumen diariamente cerca de 20 millones de dólares. Su propuesta es mantener ese ejército burocrático intacto, disfrazando la medida bajo el eufemismo de “no despidos masivos”. Con ello, no solo asegura el voto cautivo de una clase parasitaria que vive del Estado, sino que condena al sector productivo a seguir asfixiado por trámites, corrupción y gasto corriente sin retorno. Cada funcionario innecesario no es solo un salario: son oficinas, vehículos, viáticos y un sinfín de costos adicionales que devoran recursos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura productiva.
El populismo de Paz va más allá. Promete subir la Renta Dignidad a 2.000 bolivianos para los jubilados, un monto imposible de sostener sin destruir las ya frágiles finanzas públicas. Habla de garantizar el precio de los combustibles como si fueran eternos, cuando el subsidio a la gasolina y al diésel es hoy una de las principales sangrías fiscales que tiene Bolivia. En la práctica, está ofreciendo prolongar la misma irresponsabilidad del MAS, que multiplicó el tamaño del Estado y dilapidó la renta gasífera en mantener una burocracia inútil y en empresas estatales deficitarias.
Rodrigo Paz intenta presentarse como el candidato del “ajuste responsable”, pero mantener a medio millón de burócratas no es un gesto de responsabilidad, es la rendición total ante la lógica clientelar. Lo que hoy asfixia a Bolivia no son los 2.100 millones de bolivianos del Ministerio de la Presidencia, sino los miles de millones que se van en sostener un aparato estatal improductivo.
La estrategia es evidente: asegurar los votos de los empleados públicos y sus familias, más de un millón de electores, con la promesa de que nadie perderá su empleo, aunque el país entero se hunda para mantener ese privilegio. Es el mismo cálculo político que usó el MAS durante años, y que llevó a YPFB y a toda la economía a la ruina. Ahora, Paz quiere reeditarlo bajo el disfraz de “capitalismo productivo”, cuando lo único que ofrece es más gasto, más burocracia y más populismo.
Bolivia ya probó ese camino y terminó quebrada, sin gas, sin reservas y con un Estado gigantesco que ahoga cualquier intento de crecimiento. Insistir en lo mismo es condenar al país a un colapso aún mayor.
Rodrigo Paz no está proponiendo una salida: está proponiendo acelerar la caída. Su plan no es de salvación, es de continuidad del desastre. Y por eso hay que decirlo sin rodeos: con este rumbo, Bolivia va directo al desastre.
