El 3 de septiembre, Estados Unidos lanzó un ataque naval frente a la costa de Venezuela, matando a once individuos que Washington identificó como narcotraficantes. Poco después, el presidente Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y ordenó una nueva oleada naval en la región, presentando la acción como parte de una campaña antinarcóticos. Sin embargo, lo ocurrido refleja algo más profundo: el retorno de Washington a la coerción militar unilateral, en un momento en que el orden internacional liberal se encuentra en crisis.
Este ataque no es un hecho aislado, sino la culminación de varias tendencias: el colapso interno de Venezuela, la erosión de las restricciones multilaterales al poder estadounidense y el resurgimiento de una visión que equipara la fuerza con la razón. Las normas que guiaron la política internacional desde 1945 penden hoy de un hilo.
Una crisis autoinfligida
La tragedia venezolana es en gran parte resultado de sus propias políticas. Lo que fue un escaparate de prosperidad latinoamericana terminó hundido por la dependencia del petróleo y la mala gestión. El desplome de los precios durante la década de 2010, sumado a la caída de la producción, desmoronó la economía. La hiperinflación alcanzó cifras astronómicas y los productos básicos desaparecieron.
Más de siete millones de venezolanos han huido desde 2015. El país no es un estado fallido ni uno funcional: es un petroestado en caída libre, atrapado entre rivalidades geopolíticas y redes criminales.
El espejismo de la fuerza
La acción militar de Trump puede parecer decisiva, pero la historia advierte lo contrario. Desde Irak en 2003 hasta Libia en 2011, las intervenciones que prometían éxito rápido acabaron en colapso estatal y caos prolongado. Desmantelar regímenes es más fácil que reconstruir estados.
En Venezuela, la geografía favorece la guerra de guerrillas. Grupos armados —desde disidentes colombianos hasta milicias progubernamentales— podrían prosperar en una insurgencia prolongada. La oposición, fragmentada y desacreditada, carece de capacidad y legitimidad. Quitar a Maduro sin un plan de gobernanza encendería una guerra civil y obligaría a una ocupación extranjera prolongada, probablemente financiada con petróleo, perpetuando la “maldición de los recursos”.
Analistas como Sean Burges y Fabrício Bastos ya advirtieron en 2018 que la intervención “desperdiciaría tiempo valioso” y aumentaría la fragilidad institucional. La supervivencia de Maduro depende de pactos entre élites y militares: romperlos podría hundir al país en mayor violencia. Incluso si el cambio de régimen tuviera éxito, reconstruir las instituciones demandaría décadas de control externo.
El tabú de la soberanía
América Latina está marcada por el principio de no intervención, producto de una memoria histórica de ocupaciones y operaciones encubiertas de Estados Unidos. La OEA ha rechazado reiteradamente apoyar cambios de régimen externos para evitar justificar futuras injerencias.
Además, ningún país de la región tiene capacidad logística o militar para encabezar una misión de esta magnitud. Estados Unidos asumiría el control y la responsabilidad del inevitable atolladero.
La contradicción de Trump
Washington condenó la invasión de Ucrania en 2022 como violación de soberanía, pero hoy reproduce la misma lógica. Trump describe a Venezuela como una amenaza “narcoterrorista”, un lenguaje similar al de Putin cuando justificó su agresión contra Ucrania. Ambas narrativas visten de necesidad lo que en esencia es poder crudo.
La ironía se acentúa con la reciente reunión entre Trump y Putin en Alaska. En lugar de proyectar firmeza frente a Moscú, la cumbre reflejó una señal de acomodación, mientras Washington recurre a la fuerza en su propio hemisferio. Tal como ocurrió en su primer mandato, el acercamiento a Putin debilitó a Ucrania; ahora podría imponerle una paz dictada por el Kremlin y, al mismo tiempo, abrir un frente violento en Venezuela, e incluso en Panamá, como Trump insinuó recientemente.
El desmantelamiento del orden liberal
El ataque contra Venezuela simboliza el desmantelamiento del internacionalismo liberal. Durante dos mandatos, Trump destruyó asociaciones multilaterales, cerró oficinas de derechos humanos y sustituyó la diplomacia por coerción.
El mundo que emerge carece de los anclajes normativos del orden posterior a 1945: la soberanía es negociable, la ley maleable y la fuerza sustituye a la razón. Venezuela puede convertirse en la lápida de ese viejo orden: un escenario donde Estados Unidos, otrora su arquitecto, adopta el revisionismo que antes condenaba. El futuro no apunta a la anarquía, sino a una jerarquía de esferas de influencia regidas por la fuerza, los tratos transaccionales y la erosión de los derechos humanos.
